Todas las naciones

¿Es posible un Estado plurinacional en España? Creo que sí. Pero sólo veo al federalismo con la capacidad de avanzar hacia este objetivo, y no al nacionalismo, aunque éste sea democrático. El nacionalismo y el Estado nacional son compañeros inseparables y, por lo tanto, no hay forma de representar la plurinacionalidad sin la renuncia previa al nacionalismo de Estado o, lo que es lo mismo, a la identificación entre el Estado y la nación cultural dominante.

Un malentendido recorre todas las discusiones sobre la definición de nación: la nación que se corresponde con el Estado se da por supuesto y como axioma de partida, la nación que no se corresponde con el Estado tiene que demostrar que lo es. Así, las naciones sin Estado justifican su cualidad nacional por medio de su singularidad histórica, que incluye normalmente el territorio y la lengua como elementos identitarios. Si observamos la diversidad cultural del género humano y la división territorial de los Estados se comprobará lo difícil que es conciliar unión política y unión cultural si pretendemos llamar nación a toda unión territorial estatal.

Mientras se mantega la idea nacionalista de que debe haber correspondencia entre estado y nación o entre nación y estado viviremos en el círculo vicioso de los nacionalismos enfrentados sin solución final posible. No existe una definición objetiva de nación, todas las definiciones se estrellan en su subjetividad. Lord Acton tenía razón al decir: "El mayor adversario de los derechos de la nacionalidad es la teoría moderna de la nacionalidad. Al hacer que el estado y la nación coincidan una con la otra en teoría, reduce prácticamente a la condición de súbditos todas las otras nacionalidades que puedan existir dentro de las fronteras. No puede admitirlas a una igualdad con la nación dirigente que constituye el estado, porque el estado entonces cesaría de ser nacional, lo cual sería una contradicción del principio de su existencia" (Nationality, 1862).

La inmensa mayoría de los Estados son realmente plurinacionales, como es el caso del Estado español, lo que en sentido democrático y pluralista exige la necesidad de la representación plurinacional sobre la base de la igualdad de derechos entre los ciudadanos. La diversidad puede ser representada aunque la modernidad se haya caracterizado por la imposición de la uniformidad nacional como fundamento de la representación política. ¿Cómo se puede avanzar hacia el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado? La solución ideal pasaría por la separación entre Estado y nación, del mismo modo que en su día se acabó con la identificación entre Estado y religión oficial. Es evidente que esta solución exigiría también la separación entre autogobierno y nación. Porque no se puede exigir al Estado lo que no se quiere para el propio territorio convenido como nación. ¿Por qué no puede haber un concepto comunitario y no territorial de nación? Al fin y al cabo, ésta es la realidad cuando observamos la sociedad sin construcciones imaginarias ni nacionalismos territoriales interesados. Ciudadanos españoles que vivimos en Barcelona, Alicante o Manacor pertenecemos a la misma comunidad nacional en sentido lingüístico y cultural. Basta con comunicarnos y comprobar que hablamos la misma lengua, aunque algún poder político tenga interés en proclamar lo contrario. Lo mismo se puede decir de las otras nacionalidades del Estado español. Algún día será posible en el derecho lo que la realidad social está señalando: el reconocimiento en la igualdad de derechos de las distintas lenguas y culturas que identifican la plurinacionalidad comunitaria de España.

No voy a seguir por este camino porque la hegemonía del nacionalismo territorial impide avanzar, hoy por hoy, hacia soluciones fundadas en la cultura federalista y no en la cultura nacionalista. Lo deseable sería apaciguar el nacionalismo, conducirlo hacia su inexistencia, y no inducir al surgimiento de nuevos nacionalismos territoriales. Pero lo posible se mueve todavía en las soluciones parciales entre nacionalismos que se resisten a renunciar a su razón de ser, a sus objetivos políticos, desde el nacionalismo español al nacionalismo vasco pasando por los demás. Por esto me parece bienvenida la definición de España como nación de naciones porque abre la posibilidad de compartir un espacio político común sin renunciar a la propia idea de nación.

Es una definición imperfecta y que se presta a muchas interpretaciones, pero reconozco que es una salida útil en el presente contexto político. Digo útil en la medida que haya acuerdo sobre dos principios: a) Dentro del mundo nacionalista (en el que vivimos hoy) todas las naciones son políticas. b) La Constitución española es la que delimita la distribución territorial del poder político sea cual fuere la identidad nominal (nacional o regional) de las Comunidades Autónomas.

a) Todas las naciones son políticas. La distinción entre nación política para referirse a España y naciones culturales para referirse a las naciones integrantes de la nación española es incorrecta y no describe lo que la realidad social y política indica. En primer lugar, porque España, como todas las naciones políticas que se corresponden con el Estado, ha pretendido y pretende ser también una nación cultural si analizamos retrospectivamente lo que ha sucedido en la historia moderna y contemporánea española. La voluntad de conseguir la congruencia entre nación política y nación cultural es una de las características de todo nacionalismo, tal como Ernest Gellner y tantos otros especialistas han planteado repetidamente. En segundo lugar, porque es falso que las naciones integrantes de la nación política sean sólo naciones culturales. Haciendo una caricatura, esto es como confundir la Generalitat de Catalunya con Omnium Cultural. O peor, porque no deja de sorprender que desde un nacionalismo español que no quiere compartir el concepto de nación política se pague esta exclusividad excluyente con la aceptación de una contrapartida tan peligrosa por uniforme de nación cultural cuando se refiere a Cataluña o Euskadi, por ejemplo.

Es cierto, como bien explica Manuel Montero (De la nación vasca, EL PAÍS, 22 de junio), que existen nacionalismos étnicos anclados en el pasado que no pueden entender otra nación política que no se corresponda con el concepto de pueblo étnicamente homogéneo. Estos nacionalismos pueden derivar fácilmente hacia el autoritarismo y la exclusión. Cuando una nación es descrita como sólo y homogéneamente cultural se está entrando en una pendiente muy peligrosa que no solamente falsea la realidad social, sino que conduce a la discriminación hacia otras culturas e identidades.

El nacionalismo democrático en sociedades multiculturales no puede basarse en la idea de nación culturalmente homogénea y uniforme sobre un territorio determinado. La práctica totalidad de las corrientes del catalanismo, sean nacionalistas o federalistas, coinciden hoy con la idea de Cataluña como nación política, que nace de la voluntad libremente expresada por los ciudadanos en una sociedad que en la actualidad es culturalmente y lingüísticamente plural.

b) La Constitución española y la distribución territorial del poder político. Cuando un pueblo se define como nación es que tiene la voluntad de autogobierno. A esto se le llama nación política, tanto si el autogobierno se concreta en la autonomía política, en un Estado federado, como si se pretende el objetivo de un Estado propio e independiente. Es así y no de otra manera. La historia del catalanismo político lo ha dejado suficientemente claro. El mismo preámbulo del Estatuto de Cataluña de 1979 termina con estas palabras: "Por fidelidad a estos principios y para hacer realidad el derecho inalienable de Cataluña al autogobierno [la cursiva es mía], los parlamentarios catalanes proponen...". Es evidente que se está hablando de Cataluña como nación política y no como nación cultural. Todas las naciones que afirman su derecho al autogobierno son naciones políticas. Y cuando la Constitución española, en su artículo 2, se refiere a la autonomía política en relación con las nacionalidades y regiones, está reconociendo y garantizando el principio político del autogobierno de las naciones (políticas) y de las regiones (políticas).

Por lo tanto, el problema no está en el nombre, sino en la cosa. ¿De qué estamos hablando cuando decimos que Cataluña es una nación? Con la Constitución española de 1978 en la mano, estamos hablando de autonomía política. Esto no es incompatible, sino todo lo contrario, con que cada partido catalanista tenga sus propias propuestas nacionales orientadas a soluciones autonomistas, federalistas o independentistas. Lo único que hay que tener jurídicamente claro es que todo lo que se proponga y esté fuera de la Constitución exige la reforma constitucional. No hay más. ¿Se puede proponer el derecho de autodeterminación de las naciones? Sí, por supuesto. Sólo hay un problema: que para aplicarlo se necesita la reforma previa de la Constitución. Lo que no exige en ningún caso la reforma constitucional es decir y proclamar que Cataluña es una nación política con el derecho inalienable al autogobierno. Esto la Constitución española lo reconoce y lo garantiza. Y hace algo más y fundamental: establece las bases para una división territorial del poder político. Porque un Estado compuesto, como es el Estado Autonómico, se concibe como una división territorial del poder político y no como un poder político central que se descentraliza administrativamente.

En resumen, todo es cuestión de democracia y de pluralismo. Hay que compartir más las palabras y los símbolos sin exclusivismos nacionalistas. Estamos lejos todavía de separar Estado y nación, o bien autogobierno y nación. La nación ha sido y es en todos los Estados del mundo un concepto demasiado patriótico y glorificado como para pretender sin tránsito alcanzar un mundo laico donde se pueda prescindir de la educación nacionalista y del "todo por la patria". Ya es un paso de gigante si conseguimos compartir democráticamente y pluralmente la palabra y el concepto nación, aunque sea por la vía de dividirlo federalmente para todos dentro de una nación política de naciones políticas.

Miquel Caminal es catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Barcelona y autor de El federalismo pluralista.