El difícil papel de líderes autonómicos

Las Cortes Valencianas aprobaron ayer, con el voto en contra de Esquerra Unida, la reforma del Estatut d'Autonomia. Un hecho político que, pese a lo que pudiera parecer, no es baladí ni mucho menos casual. Acostumbrados -como estamos los valencianos- a ser cola de ratón en el debate sobre el modelo de Estado, nos resulta difícil asumir el papel de líderes en el proceso abierto por Rodríguez Zapatero tras su llegada a la Moncloa. Diversas circunstancias, entre otras la voluntad expresada por los políticos valencianos desde hace muchos años de modificar la carta autonómica, han facilitado la situación actual.

Para nadie resulta ya un secreto que el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, Mariano Rajoy, necesitaban en plena bronca política entre el PSOE y el PP, hacer de la necesidad virtud y llegar a un acuerdo. Enviar una señal que evidenciara la existencia de un canal de comunicación entre ambos, por más que pareciera que no se hablaban. Zapatero, además, precisaba mandar un recado al presidente catalán Pasqual Maragall para hacerle entender que sus exigencias tenían un límite.

La redacción del Estatut es perfectible. EU y el Bloc llevan razón cuando piden la supresión de la barrera del 5%

Y así, de las necesidades de unos -Zapatero y Rajoy- y de las exigencias de otros -Camps y Pla- nació la vía valenciana autonómica. Un proyecto que cumplía todos los requisitos y exigencias de ambos partidos: estaba dentro de los límites de la Constitución y no modificaba, por poco, la legislación básica del Estado. Camps y Pla cumplían el encargo de Zapatero y Rajoy al tiempo que alcanzaban buena parte sus objetivos políticos. El presidente de la Generalitat arrancó a su líder partidista la capacidad para disolver las Cortes y convocar elecciones anticipadas, mientras que el socialista impuso la puesta en marcha de una agencia territorial tributaria. Ambos consensuaron la condición de nacionalidad histórica para la Comunidad Valenciana, la recuperación del derecho foral y, entre otros, una carta que reconocía el derecho a una renta de ciudadanía. No son competencias menores como algunos han querido ver. La reforma del Estatut, pese a una redacción que algunos constitucionalistas consideran técnicamente infumable y que será, muy probablemente, mejorada en el trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados, supone un avance muy serio respecto del actual. Y lo que es más importante todavía: el estatuto valenciano se ha convertido en el marco referencial de las reformas que están por venir. Cualquiera que se hubiera molestado en leer la prensa catalana tras la aprobación del dictamen en la ponencia de las Cortes, habría podido constatar la importancia que en Barcelona se prestaba a lo sucedido en Valencia. Claro que eso no parecía importarle a casi nadie; no fuera cosa que la realidad estropeara el prejuicio.

Es verdad, y hay que reconocerlo, que la actual redacción del Estatut es perfectible. Esquerra Unida y el Bloc llevan razón cuando reclaman la supresión de la barrera electoral del 5%, una redacción más moderna y ajustada a la realidad sobre unas instituciones tan obsoletas como las diputaciones o las provincias, como estructura territorial que las posibilita. Igualmente, los ponentes del Estatut deberían haber tenido más en cuenta la administración local, e incluso haber precisado algo más la financiación autonómica. ¿Pero es esto suficiente para rechazar un texto que amplía un Estatut que tenía el "nivel de competencias transferidas más amplio de todo el Estado español"? (Joan Ribó, EL PAÍS, 07/10/2003). Vale la pena pensarlo. El propio portavoz de Esquerra Unida en las Cortes Valencianas, en un lúcido artículo publicado el 18 de mayo en estas mismas páginas insistía en la necesidad de plantear como máxima prioridad el tema de la financiación en la reforma del Estatuto de Autonomía. Ribó ponía el dedo en la llaga. Ni una referencia a consideranciones simbológicas o filológicas. Ahora bien, ¿cree el dirigente de EU que los problemas de financiación se pueden resolver con un artículo en el Estatut, o acaso apuesta por una negociación bilateral con el Estado? Este es el debate de fondo y el que ocupará tiempo en el futuro.

El Estatut no deja de ser una manifestación de voluntades políticas realizadas con mejor o peor acierto que deben desarrollarse. Al que ahora se ha reformado, sin ir más lejos, todavía le quedaba mucho recorrido y se ha ampliado sin agotar sus posibilidades. Este es el reto del nuevo. Camps y Pla van a tener que bregarse para lograr la mejor financiación autonómica en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para mejorar la calidad de vida de los valencianos. Para eso sirve el Estatut. El resto es retórica.