Maragall afirma que la masificación obliga a dar permisos a más presos

En pleno debate por la ubicación de las nuevas prisiones catalanas, el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, afirmó ayer que la masificación que se registra en las cárceles obliga a "dar más permisos [penitenciarios] de los que se querrían dar". Este hecho, dijo Maragall, supone un "incremento de la inseguridad" que la Administración catalana debe afrontar con la construcción de nuevos centros.

La oposición no tardó en cargar contra el presidente por unas declaraciones que CiU y PP consideraron inadmisibles. En Convergència i Unió, la ex consejera de Justicia Núria de Gispert tildó de "irresponsabilidad manifiesta" la actitud del Gobierno catalán, "si es que realmente está actuando así con los presos". Gispert apostó por mitigar los efectos de la masificación construyendo barracones para aumentar la capacidad de las cárceles.

En un comunicado, el diputado del Partido Popular Daniel Sirera calificó de "inadmisibles" las palabras de Maragall por "reconocer que está poniendo en peligro la seguridad de los ciudadanos y no hacer nada para solucionarlo". Sirera exigió conocer cuáles son los criterios de la Administración penitenciaria catalana a la hora de conceder permisos.

Decisión discrecional

La concesión de los permisos a presos está regulada en una ley orgánica en la que se establece que cuando son inferiores a tres días los otorga la Administración penitenciaria. En el caso de Cataluña, el Departamento de Justicia, porque es la única comunidad autónoma que tiene transferidas las competencias de prisiones. Los permisos los aprueban las juntas de tratamiento de las cárceles integradas por el personal de dirección y los equipos de psicólogos y educadores.

Cuando la duración de los permisos oscila entre cuatro días y una semana los concede el juez de vigilancia penitenciaria, previo informe de la junta de tratamiento. En caso de que sea desfavorable el juez no lo suele conceder.

Las declaraciones de Maragall se producen tras conocerse el proyecto de la Generalitat de construir 13 nuevas cárceles, entre ellas la de Tàrrega, donde existe una fuerte oposición vecinal amparada por instituciones gobernadas por CiU. Ayer, la Federación de Vecinos de Tàrrega manifestó su voluntad al alcalde, el independiente Joan Amézaga, de que se convoque un referéndum sobre la construcción de la cárcel. El consejo de alcaldes de Urgell, formado mayoritariamente por ediles de CiU, dio el pasado martes un espaldarazo a los opositores a la prisión al manifestar su rechazo a la construcción. Esa oposición se repetirá previsiblemente hoy durante la votación de una moción en un pleno extraordinario del Consejo Comarcal. Ayer, sin embargo, las cámaras agrarias de Lleida mostraron su apoyo a la cámara de Tàrrega, favorable a la construcción de la prisión.

Del mismo modo, el fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, manifestó ayer su "comprensión y solidaridad" y alentó al Gobierno catalán para que prosiga con la ejecución de ese plan de prisiones.