El Gobierno sólo dará más dinero para la sanidad a las comunidades que firmen el pacto

El Gobierno reforzará los Presupuestos Generales del Estado con una partida extraordinaria para afrontar el gasto de la sanidad, que se ha disparado en todas las autonomías. Pero a ese plus presupuestario de financiación sólo tendrán acceso las comunidades que firmen el nuevo pacto, que incluirá como condiciones el control del gasto y el aumento al máximo de los impuestos especiales -hidrocarburos, tabaco y alcohol- que recaudan las autonomías. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero convocará la Conferencia de Presidentes para el 28 de julio con la pretensión de cerrar ya este nuevo modelo.

El presidente del Gobierno tiene previsto convocar la segunda Conferencia de Presidentes autonómicos el 28 de julio para que pueda participar en ella el presidente investido de la Xunta de Galicia, cuya toma de posesión se celebrará dos días antes. El objetivo es cerrar en esa reunión un pacto de financiación sanitaria que comprometa a ambas partes (Gobierno y comunidades) con el refuerzo del sistema público de salud, y fijar igualmente las líneas del modelo de financiación autonómica.

La urgencia de la convocatoria está condicionada por los plazos de la elaboración de los Presupuestos de 2006, ya que el Gobierno pretende incluir en ellos una partida adicional para ayudar a paliar el déficit sanitario de las comunidades. El gasto sanitario gestionado por éstas ha crecido en los dos últimos años por encima del 10% y a fin de año se calcula que alcanzará el 5,9% del PIB.

Previamente a la Conferencia de Presidentes, los ministros de Economía, Pedro Solbes, y de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, convocarán el Consejo de Política Fiscal y Financiera -que reúne a representantes de todas las autonomías- para impulsar el pacto de la sanidad. En ese mismo sentido, Sevilla y el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, se reunirán esta misma semana con consejeros de las comunidades gobernadas por el PP, empezando por las que tienen más problemas de financiación sanitaria, como la Comunidad Valenciana, Madrid y Baleares. La pasada semana lo hicieron con las comunidades del PSOE. Todas, con graves problemas.

El Ejecutivo confía en cerrar un acuerdo con todas las autonomías, incluidas las del PP, dados los graves problemas de financiación con que se enfrentan todas ellas. Ya la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, del PP, en el encuentro que mantuvo con Zapatero dentro de la ronda de éste con los presidentes autonómicos, le reclamó la necesidad de un pacto. El Gobierno atribuye como causas del gran crecimiento de los gastos sanitarios el envejecimiento de la población, el coste de los gastos farmacéuticos, los costes derivados de la inmigración y los desplazados, el aumento de las prestaciones y la subida salarial del personal.

El Ejecutivo pretende facilitar las negociaciones. Solbes y Sevilla proponen la continuidad del modelo vigente, pero con la novedad de una inyección financiera adicional en los Presupuestos y la reclamación a las autonomías del uso, en la mayor medida posible, de su capacidad para recaudar impuestos. Como medida inmediata, les reclamará el aumento de los impuestos especiales -hidrocarburos, tabaco y alcohol- para autofinanciarse.

También reclamará a las comunidades que refuercen el control del gasto y que acepten las nuevas medidas que, en esta línea, elabore el Consejo Territorial de Salud.

Entre las medidas de control del gasto propuestas por el Gobierno figuran la participación de las autonomías en la mejora del sistema de información sanitaria; acordar mecanismos que homogeneicen y limiten el crecimiento de los gastos de personal y los sistemas de incentivos; centralizar la compra de productos sanitarios en las distintas comunidades y que estas compras sean competitivas; fijar en todo el sistema la facturación para que el usuario conozca el coste de los servicios que se le prestan y la búsqueda de recursos adicionales para las áreas sanitarias, restringiendo en lo posible recursos del resto de las áreas de gasto de las autonomías.