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Tribuna:¿ES CATALUÑA UNA NACIÓN? | DEBATE
Tribuna
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El precio de las naciones

Según parece, el futuro Estatut proclamará que Cataluña es una nación. Se me escapa cuál es la idea de nación de los redactores. Incluso desde una perspectiva nacionalista, Cataluña no es una nación. En lo esencial, los nacionalistas se debaten entre dos ideas de nación: "objetiva", como un conjunto de individuos que comparten una identidad; "subjetiva", como voluntad, como un conjunto de individuos que creen que son una nación. Ninguna de las dos ideas resiste el análisis, pero son las que defienden los nacionalistas. Pues bien, en ninguna de las dos acepciones Cataluña es una nación.

Veamos la primera. ¿Comparten los catalanes una identidad distintiva? Las identidades colectivas son difícilmente precisables. La lengua no es un terreno firme. Negaría la identidad catalana a la mitad de los catalanes. La demografía es menos equívoca: el 65% de los catalanes tenemos raíces fuera de Cataluña. Los apellidos resultan muy reveladores. En la medida en que nos proporcionan una pista acerca de una identidad originaria compartida, tan española es Barcelona como Madrid o Cataluña como Castilla. Un dato: García es el apellido más común en todas las comarcas catalanas.

¿Cómo es posible que la Cataluña real se parezca tan poco a la que reclama reconocimiento?
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Esto no es ignorado por los nacionalistas. Nadie puede ignorar uno de los mayores movimientos migratorios del siglo XX, que recompuso la población catalana de modo irreversible. Por eso, porque no hay nación objetiva, han puesto acento en el otro pie, en la voluntad de ser. Pero tampoco aquí la realidad les cuadra. Apenas un veintitantos por ciento de los catalanes cree que Cataluña es una nación. Y eso, en román paladino nacionalista, quiere decir que Cataluña no es una nación.

Y sin embargo, la clase política catalana reclama un nuevo marco institucional para que "Cataluña se sienta cómoda". Yo no sé muy bien cómo se siente Cataluña, pero, por lo que sabemos, los catalanes se sienten estupendamente en España. Según una investigación de hace un par de años, los catalanes estábamos entre los españoles más satisfechos con nuestra autonomía. Antes de la victoria de Maragall, sólo el 4% consideraba la reforma del Estatut como un asunto prioritario, y aún hoy, después de dos años de debate político, según una encuesta de La Vanguardia, a los catalanes el Estatut les preocupa bastante poco.

Estos datos confirman la ficción en la que está instalada la política catalana. Una vez más los nacionalistas se inventan la nación. No hay una realidad negada por España. Mejor dicho: la realidad negada, en nombre de Cataluña, son los catalanes. La pregunta importante es cómo es posible que la Cataluña real se parezca tan poco a la que reclama reconocimiento.

Una pregunta que debería hacerse Zapatero. Hasta ahora no se la ha hecho. Su estrategia parece consistir en aceptar la Cataluña recreada por su clase política, y, en todo caso, discutir sobre dinero. Quizá piensa que las palabras importan poco.

Pero las cosas no son tan sencillas. No lo son, para los propios catalanes, porque la identidad no sale gratis. Ahí están los 233.000 euros de la celebración del 11 septiembre o los 5,06 millones de euros en subvenciones discrecionales durante el primer semestre de este año a "asociaciones patrióticas", entre ellas, 12.000 euros a la Asociación Catalana pro Senyera más Grande del Mundo. Gastos que, como siempre, exigen establecer prioridades: mientras el próximo curso miles de niños catalanes estudiarán en barracones, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona gastarán 1,5 millones de euros en un barrio de Gaza. Aunque el precio más importante es el envilecimiento de la sociedad civil y el deterioro de los derechos, como está sucediendo con las oficinas de denuncia lingüística que animan a delatar a aquellos conciudadanos cuyos negocios flaquean en identidad lingüística. Pero ya se sabe, para el nacionalismo no hay problemas más fundamentales que los de la identidad o la política exterior y, por supuesto, Cataluña importa más que los catalanes.

Pero los símbolos también tienen un precio para todos. El debate sobre las balanzas fiscales tiene muchos matices y, fuera de sus perfiles técnicos, en donde las diferencias están claras, proliferan las confusiones y las deshonestidades, como relacionar las balanzas fiscales con el debate sobre la financiación autonómica o el obsceno recordatorio de que los niños extremeños -a falta de política exterior o identidad- tienen un ordenador a mano. Pero hay algo previo que sin los símbolos no tendría sentido: concebir los pueblos como sujetos de valoración. Se ha repetido mil veces, así que no vendrá de una más: no paga Cataluña, pagan los catalanes, y no en tanto que catalanes, sino según sus ingresos. Como los andaluces, como cualquier ciudadano. Por supuesto, ésa no es toda la realidad, pero es la realidad fundamental, la que se escamotea cuando se sostiene que "Cataluña está expoliada" o que "Cataluña debe poner límites a la solidaridad".

Estas expresiones sólo son posibles cuando la justicia entre ciudadanos se sustituye por la negociación entre pueblos. ¿Por qué nadie se pregunta por la balanza fiscal entre Gerona y el resto de Cataluña? Simplemente, se considera que Gerona forma parte de los nuestros y entre nosotros sí valen las consideraciones de justicia. Conjetura que no se ve debilitada cuando el Gobierno catalán proclama el deseo de poner límites a la "solidaridad". ¿Se imaginan que un grupo de ciudadanos estableciera un límite a lo que están dispuestos a pagar? El problema no está en "los límites", sino en la unilateralidad. Es posible que, después de un debate democrático, atendiendo a las razones de todos, lleguemos a la conclusión de que cierto sistema impositivo es injusto. Está ahí contenido el núcleo más noble de la democracia: el debate, la exposición de razones, la justicia de las decisiones entre ciudadanos. Nada que tenga que ver con él "yo sólo estoy dispuesto a dar esto, negociemos".

La mayor renuncia intelectual de nuestra izquierda ha sido sustituir el lenguaje de los derechos, la justicia y la ciudadanía por la frágil mitología de las identidades. Si únicamente se tratara de palabras, poco importaría. Pero hemos aprendido, de mala manera, que no es así.

Félix Ovejero Lucas es profesor de Ética y Economía de la Universidad de Barcelona.

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