Fabra recibió un préstamo de 510.000 euros en 1996 a pagar a partir de 2000
La Agencia Tributaria señala en su denuncia de otros tres préstamos
Un año después de acceder a la presidencia de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra obtuvo un préstamo de Bancaixa por 510.000 euros, que no comenzó a pagar hasta el año 2000. Así consta en la documentación de la Agencia Tributaria incluida en el sumario por el que es investigado. Precisamente porque no pagó cantidad alguna hasta el 2000, el informe tributario no incluye ese préstamo junto a los otros tres cuyos movimientos analiza.
El presidente provincial del PP y de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, obtuvo, en agosto de 1996, un préstamo de algo más de 510.000 euros (85 millones de pesetas) a pagar en 12 años, tal como refleja la documentación incluida en el sumario de la instrucción del caso por el que está siendo investigado, ante la posible comisión de uno o varios delitos contra la administración pública y un presunto delito fiscal. La entidad con la que Fabra suscribió el préstamo, un año después de que el PP accediera a la Generalitat Valenciana y el líder de los populares castellonenses fuera elegido presidente de la Diputación de Castellón, fue Bancaixa. Sin embargo, Carlos Fabra, quien como presidente de la institución provincial siempre se ha jactado de ser un gran negociador ante los préstamos que ha debido solicitar la Diputación, no empezó a pagar intereses ni a amortizar capital hasta febrero del año 2000, es decir, tres años y medio después de solicitarlo. Según la documentación que se ha incluido en el sumario tras la investigación realizada por la Agencia Tributaria, Fabra pagó en aquella fecha 2,3 millones de pesetas que, en parte, fueron como pago del capital recibido y, en un menor porcentaje, como pago de los intereses deudores y de demora.
A fecha de julio de 2004, el presidente de la Diputación de Castellón había abonado una cuarta parte del préstamo solicitado a Bancaixa, cuya fecha de terminación está señalada para el mes de agosto de 2008. En cualquier caso, ésta no ha sido una de las operaciones que la Hacienda Pública ha analizado para concluir la posible comisión de un delito fiscal por parte del líder del PP castellonense puesto que, durante 1999, Carlos Fabra, no abonó cantidad alguna que se le pudiera contabilizar como variación de su situación patrimonial. Al contrario, existen otros tres préstamos en cuyos movimientos sí se ha fijado la Agencia Tributaria para determinar que existen indicios de un posible incremento patrimonial no correspondiente a los ingresos declarados. De estos tres préstamos, dos están suscritos por Fabra y por su esposa, Amparo Fernández, sobre quien la inspección fiscal también ha comenzado sus investigaciones.
En la documentación analizada por la Agencia Tributaria sobre los movimientos de las más de noventa cuentas de las que Carlos Fabra es titular o firma autorizada también aparecen, en cualquier caso, pagos mensuales por el cobro de préstamos que no se incluyen en el anexo sobre la situación patrimonial de Fabra al inicio y fin del ejercicio impositivo de 1999, que es sobre el que, de momento, se ha presentado la denuncia. También aparecen los pagos de las tarjetas de crédito de las que es titular o autorizado y que, en algunos de los casos, durante varios meses superaron cargos de 6.000 euros.
"Ninguna razón" para no volver
Mientras todavía colea la denuncia presentada por la Agencia Tributaria ante la posibilidad de que el líder del PP de Castellón haya cometido un presunto delito fiscal, hoy se reabre la causa por la que empezó a ser investigado y en la que se le imputa la comisión de uno o varios supuestos delitos contra la administración pública. Así, la titular del juzgado número 1 de Nules, plaza por la que han pasado cinco jueces desde que comenzó el llamado caso Fabra, tomará hoy declaración, en calidad de imputados, a los cuatro administradores de las empresas mercantiles Grupo Serrano Ninerola, SL y Construcciones Serrano, SA, accionistas de la mercantil Fertilizantes e Insecticidas SA (Ferinsa). Todos ellos fueron mencionados por el empresario Vicente Vilar, quien denunció a Fabra y le acusó de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos. Según Vilar, el presidente de la Diputación intercedió por su grupo empresarial ante la administración con el fin de tratar de agilizar la concesión de autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios. El interrogatorio, que ha sido aplazado en varias ocasiones, tendrá así como protagonistas a Pascual Serrano Llacer, Amparo Serrano Llacer, Agustín Falcó Miret y Rosa María Serrano Llacer. Según Vilar, propietario del grupo Naranjax, el grupo empresarial de los Serrano había entablado negociaciones con el propio Carlos Fabra para quedarse con las licencias de Naranjax.
Mientras, el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, aseguró ayer que no ve "ninguna razón" por la que no deba presentarse a las próximas elecciones de 2007. Según dijo el presidente de la Diputación de Castellón, la decisión será adoptada "cuando llegue el momento", pues aseguró que todavía no lo ha pensado, y dijo que son cosas "que se manifiestan internamente en un partido en un momento determinado". Fabra añadió: "Dentro de dos años tomaré una decisión". No obstante, señaló que en principio", no ve "ninguna razón" por la cual no deba volver a presentar.
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