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El PP rompe el pacto de Estado de Defensa por una "diferencia lingüística"

Los populares alegan que se ha cambiado una conjunción en el texto sobre el envío de tropas

Miguel González

El PP dio ayer por roto el único pacto de Estado que mantenía con el Gobierno: el que alcanzó el 19 de mayo pasado el ministro de Defensa, José Bono, con el líder de la oposición, Mariano Rajoy, en torno a la Ley Orgánica de Defensa Nacional. El motivo para esta ruptura fue una "diferencia lingüística", en palabras del portavoz popular en la Comisión de Defensa, Fernando López-Amor: el cambio de la conjunción disyuntiva o por la copulativa y.

La Comisión de Defensa del Congreso se reunirá el próximo día 28 para dictaminar la ley Orgánica de la Defensa Nacional. Será entonces cuando los grupos voten las enmiendas y el conjunto del proyecto. Pero el PP no quiso esperar tanto, como si le incomodara prolongar la imagen de consenso que le llevó hace un mes a no presentar una enmienda a la totalidad de la ley. A media mañana de ayer, sus portavoces, Fernando López-Amor y Manuel Atencia, convocaron a la prensa para dar por roto el acuerdo.

López-Amor acusó al ministro Bono de haber incumplido el "pacto de caballeros" que alcanzó con su grupo e insinuó que se había impuesto "el sector más radical" del PSOE, contrario a cualquier pacto con el PP.

Aunque el Grupo Popular presentó más de 30 enmiendas al proyecto, sus portavoces sólo aludieron a una. Según su versión, el pacto con Bono incluía, en el artículo que fija las condiciones que deben cumplir las misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior, el hecho de que éstas "estén amparadas o sean conformes con resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas". Sin embargo, la enmienda transaccional que el PSOE les propuso posteriormente, en la reunión de la ponencia, exigía que dichas misiones "estén amparadas y sean conformes" con las resoluciones de la ONU.

Los portavoces del PP no pudieron explicar qué diferencia hay entre "estar amparadas" y "ser conformes"; ni si es posible que una operación esté amparada por una resolución de la ONU y no sea conforme con su contenido. O a la inversa.

López-Amor llegó a admitir que "en realidad es lo mismo", pero "puede parecer que se trata de dos condiciones distintas".

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Según el diccionario de la RAE, estar amparado es contar con el apoyo o la protección de algo; en este caso, de una resolución de Naciones Unidas; mientras que ser conforme a una resolución significa ser acorde o actuar con arreglo a la misma.

Pese a reconocer que se trata de una "diferencia lingüística", López-Amor anunció que su grupo votará en contra de la ley -que, por ser orgánica, necesita el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara- y aseguró que esta discrepancia tiene "poco que ver" con la guerra de Irak.

No fue ésa la interpretación del PSOE, que atribuyó lo ocurrido a un "rebrote" del síndrome iraquí. "El problema no es de una y griega", dijo el portavoz socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, "sino de la i latina con la que empieza la palabra Irak".

Por su parte, el ministro José Bono recordó sus palabras de hace un mes, cuando el PP interpretó el pacto como una justificación de su apoyo a la guerra. "La Ley de Defensa Nacional es un texto para regular el futuro y no puede servir para legitimar la guerra de Irak, que hasta el Papa calificó de inmoral", reiteró.

La ruptura del pacto con el PP devuelve la ley a su redacción inicial, que exige que las misiones de las Fuerzas Armadas españolas en el exterior "estén autorizadas" en resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

Precisamente, Bono comparece hoy ante la Comisión de Defensa del Congreso para consultar el envío de un batallón de 500 soldados a Afganistán, para apoyar las elecciones legislativas del próximo 18 de septiembre; y también de cuatro cazas Mirage F-1 para proteger el espacio aéreo de los países bálticos durante cuatro meses en 2006, dentro de un turno rotativo de la OTAN.

El ministro Bono, a la derecha, y el alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes, ayer tras firmar un convenio urbanístico.
El ministro Bono, a la derecha, y el alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes, ayer tras firmar un convenio urbanístico.EFE

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Sobre la firma

Miguel González
Responsable de la información sobre diplomacia y política de defensa, Casa del Rey y Vox en EL PAÍS. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en 1982. Trabajó también en El Noticiero Universal, La Vanguardia y El Periódico de Cataluña. Experto en aprender.

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