El Gobierno investiga un presunto fraude en las importaciones de China
Aduanas incluye por primera vez los productos de Asia en su plan de control tributario
El levantamiento de cuotas a las importaciones de productos textiles y de confección procedentes de China el pasado 1 de enero de 2005 puede tener otra derivada, además de la avalancha de prendas y la espectacular caída de precios: un fraude a las arcas comunitarias y a la Hacienda pública. El Gobierno español ha detectado precios "anormalmente" bajos (pantalones a 43 céntimos frente a los 6 euros habituales) por importadores desconocidos para ahorrarse aranceles e impuestos. Industria y la Agencia Tributaria investigan conjuntamente esos indicios de engaño.
Las alarmas se dispararon al certificar que productos que se fabrican en el mismo lugar, China, y bajo condiciones de producción similares tienen precios radicalmente distintos en función de quien lo importa. En el caso de los pantalones, la variación es de entre 6 euros y 43 céntimos.
El Ministerio de Industria, en el análisis de las licencias de importación, ha descubierto dos circuitos completamente diferenciados. Por un lado, están los importadores habituales -grandes cadenas de distribución y empresas que producen en China-, que copan la mitad de las transacciones a "precios estables". Los pantalones, a menos de 6 euros de media; las blusas de señora, a 4,84 euros; las camisas, a 4,16; los sujetadores, a 2,66; los polos, a 2,46, y los calcetines, a 0,27 euros.
En cambio, la otra mitad, la que está en el punto de mira de la Agencia Tributaria, está protagonizada por firmas "totalmente nuevas y desconocidas, y con nombre con reminiscencias chinas" declararon unos precios medios de 0,43 euros en el caso de los pantalones; 0,28 euros en el de las blusas de señora, y 0,60 euros en el de las camisas. Los sujetadores, a 50 céntimos; los polos, a 40 céntimos, y los calcetines, a 10 céntimos.
"Podíamos prever una bajada de precios a raíz de la liberalización, pero esta reducción tan enorme no es normal", sentencia el secretario general de Comercio Exterior, Alfredo Bonet, quien ha remitido el caso a la Dirección General de Aduanas, dependiente de la Agencia Tributaria.
La historia comenzó tras conocer los primeros datos de licencias de importación dadas por la Unión Europea (UE) a China, que es una declaración previa a la importación que tiene por objetivo anticipar y saber el impacto real de la transacción. El Ministerio de Industria detectó que los precios medios de determinadas prendas procedentes del gigante asiático que llegaban a la frontera española "variaban mucho entre los importadores tradicionales y los nuevos", explica Bonet. El Ministerio ha trabajado codo con codo con el Consejo Intertextil Español (CIE), la principal patronal del sector.
En el primer trimestre de 2005 -últimos datos oficiales- China colocó en España un 61,7% más de productos textiles y prendas confeccionadas que en el mismo periodo del año anterior, por un valor superior a los 465 millones de euros, un 36% más que en los tres primeros meses del ejercicio precedente, según la Secretaría General de Comercio Exterior.
El organismo ha reconocido que el plan de control tributario de 2005, que marca las directrices de la inspección, ha incorporado por primera vez como área de riesgo de fraude los productos procedentes de Asia.
En este caso, el fraude sería doble: arancelario, y, por tanto, a las arcas comunitarias, y de IVA. Las prendas importadas están doblemente gravadas. Además del 16% de IVA, se les aplica un 12% de promedio en concepto de arancel sobre el precio de referencia que se ha declarado en la aduana. A menos precio, menos recaudación.
Los industriales aseguran que los precios declarados por los nuevos actores no cubren ni el coste de las materias primas, el precio mínimo de referencia que consideran tendrían que fijar los inspectores de aduanas, sostiene Salvador Maluquer, responsable del área internacional del CIE.
Ante el total hermetismo del Gobierno, fuentes del sector aseguran que, tras la alerta de España, otros Estados como Bélgica, Francia o Italia están analizando de forma coordinada sus importaciones y "las conclusiones son las mismas".
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