Se blindan y hacen caja
Conversación -no insólita- entre un curioso y un alto cargo del PP valenciano: "¿Por qué habéis echado a Fulano de RTVV?", pregunta aquél. "Porque no se puede morder la mano que te da de comer", responde éste. La personalidad de los protagonistas es irrelevante, pues lo significativo por sí mismo es el episodio, exponente de una concepción democrática retrógrada que convierte al ciudadano en amigo o enemigo a tenor de sus opiniones -con el consiguiente régimen de premios y castigos- y al patrimonio público en alquería particular del partido gobernante. El trance no es exclusivo del actual Gobierno de la Comunidad, pues tiene sus precedentes en etapas anteriores gestionadas por el PSPV. La diferencia o matiz consiste únicamente en que los conservadores, tutelados por Eduardo Zaplana, intentaron al menos soltar lastre reaccionario y abrir ventanas a la discrepancia. Quizá iban sobrados, no como ahora.
Pero se acabó lo que se daba. Los populares, en la recta final de la legislatura, cierran filas, se blindan y, si está en su mano, hacen caja. Alarmantes síntomas de una mentalidad crepuscular y una etapa partidaria en descomposición, cuyos reveladores síntomas no sólo se perciben en Galicia. Aquí, en el País Valenciano, y a pesar del mariachi mediático de los conservadores -¡qué lejos queda el espejismo centrista!- no pasa día sin que nos amenice una historia de corrupciones o corruptelas, impensables en una formación con perspectivas de futuro y equipada de proyectos.
Ahí tenemos el caso de José Manuel Uncio, el ex director del Instituto de Finanzas, un tipo experto en las entretelas del poder y de la burocracia, convertido justamente en un pim pam pum periodístico por naderías e insensateces que en otras circunstancias no se hubieran hiperbolizado, pero que hoy son un escándalo y acaso un delito si aplicásemos el rigor con que debe contemplarse la administración de los dineros públicos. Pero él y sus predecesores, como los mandados de la tele, creen que todavía están amparados por la bonanza de los ganadores y que todo el monte es orégano. Olvidan que, una vez delatada, la delincuencia o choricería menor, es más corrosiva que los urbanicidios más deslumbrantes, como el hotel Atrium, de la Vila Joiosa, que ahí sigue desafiante y acusador de graves indolencias o transacciones.
Y por la misma razón terminal, cobran más relieve las arbitrariedades del presidente de la Diputación de Valencia, el inefable Fernando Giner. No sólo ha hecho de su capa un sayo a lo largo de su mandato, convirtiendo la corporación en un desmadre administrativo al decir de la oposición y de algunos de sus propios cofrades, sino que éste lo está culminando cargando la suerte en la contratación de personal adicto. La empresa pública Imelsa ha sido en este caso la puerta falsa, como antes lo fueron otras entidades de la casa. Clama al cielo que el proyecto de Estatuto renovado no contemple la supresión o sustitución de estos engendros administrativos provinciales, reducidos a la onerosa condición de pesebres.
No queda espacio para engatillar aquí esa suerte de totus tuus que se ha organizado en torno a otro barón corporativo, Carlos Fabra. "A tu lado somos muchos", dicen sus amigos solidarios. Justo lo que le faltaba al país para quedarse -moralmente- esquilmado. Un asunto que merece su glosa aparte.
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