Aprobado el uso del catalán en la UE

Los ciudadanos que emplean las lenguas cooficiales españolas -catalán / valenciano, gallego y euskera- podrán dirigirse en ellas a las instituciones comunitarias. Europarlamentarios y representantes de gobiernos autónomos podrán usarlas también en los foros de Bruselas, según el acuerdo alcanzado ayer por los Veinticinco en Luxemburgo. Una vez concluidos los necesarios ajustes administrativos, el nuevo derecho podrá ejercitarse a partir de octubre. La decisión fue tomada por el Consejo de Ministros de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores, tras el pacto alcanzado por los embajadores. El Gobierno de la Generalitat consideró "histórica" esta decisión, un primer paso para "conseguir la oficialidad total del catalán" en las instituciones comunitarias.

La aceptación de la petición que España elevó hace exactamente seis meses al Consejo de Ministros de Asuntos Generales fue presentada como "casi un milagro" por Alberto Navarro, secretario de Estado para la Unión Europea y gran impulsor de la propuesta. El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, dijo que era "el mejor regalo que se podía hacer para celebrar el 20º aniversario de la firma de adhesión" de España a la entonces Comunidad Económica Europea (CEE).

Las autoridades españolas tuvieron que luchar hasta ayer por la mañana para que se reconociera su tesis de que "el uso de la lengua materna es casi un derecho humano", explicó Navarro. Holanda fue el último país en retirar sus objeciones, después de que lo hicieran Austria y Francia.

Fue decisivo para acabar con esas resistencias el hecho de que esas lenguas estén reconocidas constitucionalmente como cooficiales en España y que el Estado español -a través de la Administración central y de las autonómicas- vaya a correr con los gastos adicionales que suponga el nuevo régimen, estimados por las autoridades españolas en un máximo de 1,5 millones de euros anuales.

Las lenguas cooficiales españolas no son reconocidas como lenguas oficiales de la Unión Europea, ante la práctica imposibilidad de reformar el reglamento que hoy cifra en 20 esas lenguas -para España, el castellano-, pero sí se podrán usar de forma oficial. Eso supone, como había pedido España, que los ciudadanos puedan dirigirse en su lengua materna a las instituciones; que haya traducción oficial de los documentos jurídicos importantes, aquellos aprobados por codecisión del Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo, entre ellos directivas y reglamentos, y que se pueda hablar en las lenguas minoritarias en las sesiones plenarias de la Eurocámara, en el Comité de las Regiones y en el Consejo de Ministros, cuando acompañe al Gobierno un consejero autonómico. En total, serán ocho los órganos o instituciones comunitarias que admitirán el uso de las lenguas cooficiales españolas.

Para hacer realidad el acuerdo adoptado ayer, España debe establecer acuerdos con las distintas entidades comunitarias. El Parlamento Europeo será el último con el que se negociará porque es donde mayor resistencia existe al agravamiento de lo que allí llaman la Babel europea.

Real decreto

El Gobierno ya tiene preparado el borrador de Real Decreto que atribuye a un órgano de la Administración central, probablemente la Secretaría de Estado para Asuntos Europeos, la misión de coordinar el nuevo régimen de comunicación. Los ciudadanos que escriban a las entidades europeas en lengua cooficial deberán dirigir la carta a ese organismo, que remitirá a Bruselas el texto en la lengua original junto a una copia en español. La autoridad correspondiente responderá en castellano y enviará la respuesta al ente público español, que la traducirá a la lengua cooficial y la hará llegar al ciudadano.

Para las intervenciones en el Parlamento Europeo, los eurodiputados deberán avisar con, al menos, 10 días de antelación, para así prever un intérprete que les traduzca a las 20 lenguas oficiales de la UE.El Gobierno de la Generalitat, una de las administraciones que más proclives se mostraron al reconocimiento del catalán en la UE, consideró esta decisión un "paso histórico" para "conseguir la oficialidad total del catalán" en las instituciones comunitarias, afirmó ayer el primer consejero Josep Bargalló. Además, aplaudió este acuerdo sobre todo porque, a su juicio, la coyuntura política, tras el rechazo de Francia y Holanda a la Constitución Europea, no era la más favorable para los intereses del Gobierno español.

El primer secretario del PSC y ministro de Industria, José Montilla, destacó la admisión del catalán como un "gran avance" y subrayó la influencia que han tenido en esta decisión el tripartito catalán y el Ejecutivo del PSOE. "Hemos avanzado más en un año y medio de Gobierno catalanista y de progreso en Cataluña y en un año de Gobierno socialista en España que con todos los gobiernos anteriores en Cataluña y en España", afirmó Montilla, en clara alusión a CiU y al Partido Popular.

Los partidos nacionalistas coincidieron en valorar la decisión de la UE, aunque la consideraron insuficiente. El secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, manifestó que "es una buena noticia, aunque no todo lo buena que deseábamos", si bien "todo lo que sea avanzar es positivo". En términos similares se mostró el líder de Esquerra Republicana de Catalunya, Josep Lluís Carod, quien sostuvo que el acuerdo es "histórico y positivo, pero también insuficiente" porque el catalán "no es lengua oficial". Carod y Montilla compitieron por erigir a sus formaciones como artífices de esta iniciativa y, así, el republicano afirmó: "Ha hecho falta que Esquerra llegase con fuerza a Madrid para que, después de muchos años, se reconozca en la UE que nuestra lengua existe".

En cambio, en las filas del PP catalán, su presidente, Josep Piqué, consideró que la decisión de la UE deja al descubierto que Maragall y Rodríguez Zapatero "engañaron a la gente" al prometerles la oficialidad del catalán en Europa.

Convergència i Unió, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya Verds aprovecharon la admisión del catalán como lengua de uso en las instituciones comunitarias para reivindicar la reforma del reglamento de las Cortes y permitir el uso de las lenguas cooficiales. En Iniciativa, su portavoz, Dolors Camats, destacó que "ahora hace falta que Zapatero, que tanto ha defendido que las lenguas oficiales del Estado lo sean también en las instituciones europeas, apueste igualmente con fuerza" para que los diputados y senadores puedan hablar en catalán, euskera o gallego. El Euzkadi Buru Batzar, la ejecutiva del PNV, consideró "paradójico" que "el euskera acceda a las instituciones europeas con un rango que el Gobierno español no le confiere en las instituciones españolas".

En Valencia, dirigentes del PP de la Comunidad Valenciana y miembros del Gobierno autónomo que preside Francisco Camps consideraron que el acuerdo de la UE garantiza la "singularidad del valenciano en la Unión Europea" como lengua distinta del catalán, según puntualizó su portavoz, Esteban González Pons.

La vicepresidenta del Gobierno balear, Rosa Estaràs, calificó la iniciativa de "muy positiva", al contrario que el Partido Socialista de Mallorca, que la tachó de "descafeinada".