Un tiro en el pie

El mayor anhelo que cualquier ciudadano puede tener cuando el pleno del Congreso cierre el próximo día 30 la investigación parlamentaria sobre el 11-M es que se alcance un consenso sobre las medidas a adoptar para que no se repita en el futuro. El presidente de la comisión, Paulino Rivero, da ya por descartado un acuerdo político, aunque los socialistas han suavizado en el documento final algunos de los términos más duros ("imprevisión", "engaño masivo") que contenía el borrador de conclusiones. Es cierto de todos modos que hay en el análisis político de los hechos un abismo de divergencias imposible de esquivar entre el PP y los demás grupos de la Cámara, pero no debería ser así en lo que concierne a sugerencias concretas en materia de seguridad.

El PP se desmarcó en marzo pasado, quedándose virtualmente solo cuando las demás fuerzas políticas suscribieron un texto común, en el que, entre otras cosas, se coincidía en que había llegado el momento de cerrar los trabajos de la comisión tras más de nueve meses de comparecencias. Todos menos el PP señalaron que tenía que ser la justicia y no otra instancia quien continuara desarrollando la investigación sobre las responsabilidades penales. La situación hoy es la misma. Insistir machaconamente en la necesidad de mantener abierto el examen parlamentario, hablar de obstruccionismo y seguir fabulando a partir de fantasías conspirativas sólo sirve para alimentar una estrategia de la tensión.

Destacan por su singularidad algunas de las valoraciones que el principal partido de la oposición hace sobre la fase anterior al múltiple atentado. Parece como si emanaran de un grupo que nunca hubiese tenido responsabilidades de gobierno durante ocho años y, por consiguiente, jamás hubiera podido estar en su mano la posibilidad de detectar y depurar actuaciones puntuales, extremadamente deficientes, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE). De un lado, el informe del PP elogia su conducta, para lanzar acto seguido graves insinuaciones sobre fallos deliberados de la Guardia Civil y la policía en Asturias.

Es más que evidente que hubo errores, y de calibre grueso en lo que concierne a la trama de explosivos asturiana, así como en la descoordinación sobre el seguimiento de los cabecillas e implicados en la masacre. Y de ello cabría deducir alguna responsabilidad política del anterior ministro del Interior. Pero el PP ha preferido dispararse un tiro en el pie, dejando en muy mala posición a Acebes, con tal de nutrir la incertidumbre sobre la autoría intelectual del crimen y las eventuales conexiones de la red de Al Qaeda con ETA, sin prueba alguna que lo sustente. Sus conclusiones de ahora, después de un año de comparecencias y acopio de documentos, no hacen otra cosa que confirmar la capacidad de fabulación que ya acreditó el PP entre el 11 y el 14 de marzo.