El PP insinúa que hubo fallos deliberados de policía y Guardia Civil antes del 11-M

El PP se pregunta en sus conclusiones sobre el 11-M si la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía de Asturias quisieron "deliberadamente" no hacer nada para perseguir el tráfico ilegal de explosivos por parte de delincuentes a los que tenía controlados entre 2001 y 2004, cuando el Ministerio del Interior estaba dirigido por Mariano Rajoy y Ángel Acebes. Los delincuentes a los que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dejaron escapar por supuesto desinterés, según el PP, acabaron suministrando explosivos a los terroristas. El PSOE, por su parte, mantiene en sus conclusiones que el Gobierno del PP manipuló por interés electoral.

Los populares denuncian que se produjo una grave descoordinación entre distintos departamentos de la Guardia Civil. Y que resulta "sorprendente" que el servicio de control de armas de la Guardia Civil no llevase a cabo "un control más riguroso" del uso de explosivos en la mina Conchita, donde supuestamente se robó la Goma 2 usada en los atentados del 11-M, pese a que España era un país muy castigado por el terrorismo. Todas estas deficiencias en el funcionamiento del servicio público de seguridad se produjeron cuando el PP gobernaba en España con mayoría absoluta.

Los populares concluyen: "¿Por qué no se empleó una mayor diligencia? Es inevitable que se suscite la sospecha: ¿se quiso deliberadamente no hacer nada?". El Grupo Parlamentario Popular acusa al general Laguna Palacios, jefe de la Guardia Civil en Asturias, de "desinterés" en la investigación de la trama de explosivos antes del 11-M. Laguna Palacios fue ascendido a general por el PSOE gracias a los informes de los dirigentes del PP.

El PP también señala en sus conclusiones que el atentado del 11-M perseguía desalojarles del poder para cambiar la política exterior en España, y que aún no se conoce el autor intelectual de la matanza de los trenes.

El PSOE, al igual que el resto de los grupos parlamentarios, salvo el popular, señala en sus conclusiones que el Gobierno del PP manipuló las informaciones sobre el atentado que le suministraban las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que llevaron la investigación.