La UE cree que Blair complica el proceso de ratificación pero no lo da por muerto

La decisión británica de dejar en el aire el referéndum sobre la Constitución europea complica aún más el proceso para ratificar el nuevo Tratado de la Unión Europea, como coincidieron ayer en asegurar fuentes oficiales de Bruselas, Berlín y París, pero al menos "no está muerto", como precisó el actual presidente de la Unión, el luxemburgués Jean-Claude Juncker. Londres ha desoído la reiterada súplica del presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso, de no dar "pasos unilaterales" antes de la cumbre del 16 y 17 de este mes. Por eso, Barroso dijo ayer que ahora hay que escuchar las opiniones de los Veinticinco porque "cada Estado tiene la misma importancia en la UE".

Pese a esa complicación, los dirigentes europeos reaccionaron sin dramatismo. "Dijimos que debíamos emplear el tiempo previo a la cumbre para la reflexión y el análisis", recordó Barroso en un comunicado, para añadir que "cada Estado es responsable de su propio procedimiento de ratificación". "Un Estado miembro no puede tomar decisiones por todos", advertían los portavoces franceses. Ni unos ni otros criticaron a Londres por adelantarse. Por el contrario, Barroso se mostró comprensivo con todos los que piden un tiempo de respiro: "Entendemos la necesidad de algunos Estados para hacer una pausa y reflexionar".

Es ésa la tesis que defiende el presidente Jacques Chirac, quien el pasado sábado convenció al canciller alemán, Gerhard Schröder, de mantener el proceso de ratificación en paralelo al periodo de reflexión. Por eso, portavoces alemanes dijeron ayer que no hay que sacar "conclusiones prematuras" del anuncio de Londres, mientras fuentes oficiales francesas decían que, aunque el Gobierno británico ha actuado "por motivos domésticos", el paso es otro elemento a favor del "profundo debate" que hace falta para no mantener sin más el proceso de ratificación.

La suspensión de la consulta británica es un nuevo elemento que los líderes europeos tendrán en cuenta a la hora de decidir cómo debe continuar o no ese proceso que Alemania, Francia y España, entre otros, así como las tres instituciones de la UE (Parlamento, Comisión y Consejo) no quieren dejar morir por el no de franceses y holandeses a la Constitución. La decisión británica, como temen en Bruselas, "puede animar" a otros países a hacer lo mismo.

Esa tentación es más fuerte en los países que han anunciado referendos (Luxemburgo, Dinamarca, Irlanda, Portugal, República Checa y Polonia). Portugal y Polonia se apresuraron ayer a decir que no cambiarán sus calendarios. En Luxemburgo está prevista la consulta para el 10 de julio y Juncker, que ha unido su futuro político al resultado, no ha comentado nada sobre la posibilidad de suspendela.

Juncker dijo que el proceso de ratificación estaría "muerto" si Londres hubiera anulado definitivamente el referéndum, pero que lo ha dejado en el congelador hasta que Francia y Holanda aclaren qué fórmula propondrán tras los rechazos de ambos al Tratado.

Francia no podrá dar respuesta hasta que se celebren las siguientes elecciones, previstas para 2007. Por eso, fuentes oficiales francesas reiteraron ayer que el periodo de reflexión será "muy largo", más allá del 1 de noviembre de 2006, la fecha fijada ahora para la entrada en vigor de la Constitución. "No hace falta ni decirlo", añadieron.

Aunque ya descontada, la complicación llegada de Londres dificulta aún más el necesario consenso que los Veinticinco deben alcanzar en la cumbre de la semana próxima. "Es el momento para un debate franco y abierto", señaló ayer Barroso. "En la cumbre se discutirán los puntos de vista de los 25 Estados y todos los líderes decidirán el camino para avanzar juntos".

La cumbre, no obstante, corre grave riesgo de saltar por los aires. Y no sólo por el embrollo del proceso de ratificación. En el orden del día figura la aprobación del marco financiero de la UE, que cada siete años provoca los más desagradables enfrentamientos. Esta vez, los principales contenciosos los protagonizan Alemania, que quiere aportar menos dinero; España, que pretende aliviar el brusco descenso en su saldo neto; y Reino Unido, que defiende a capa y espada contra todos el cheque británico (5.000 millones de euros que se devuelven cada año a Londres).