El malestar

La manifestación convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo constituye un signo del grado de malestar que está afectando a la sociedad española. Un amplio sector de las víctimas y sus simpatizantes, con un claro respaldo en medios del PP, cree llegado el momento de enfrentarse en la calle con la política antiterrorista del Gobierno de Zapatero, haciendo público un veto a toda negociación con ETA. El riesgo de una capitalización conservadora, con pinceladas ultras, está ahí, tal y como sucedió en la ocasión precedente. Y la convocatoria realizada por Esperanza Aguirre desde la pantalla de Telemadrid a todos los afiliados del PP refuerza esa imagen de captación. Por encima de todo es especialmente doloroso que tenga lugar un enfrentamiento abierto entre la representación oficial de las víctimas de ETA y el Gobierno, perteneciente a un partido que ha experimentado en sus dirigentes y militantes el azote del terror.

Una vez más el episodio lleva a plantear el tema de la actividad política de la agrupación de afectados por el terrorismo, que unos miran como indeseable, hasta el punto de condenar de modo tajante que las víctimas sirvan de referente a la elaboración de opciones políticas, en tanto que desde la vertiente opuesta las mismas víctimas son contempladas como instrumentos indispensables para lograr un amplio consenso social frente a una estrategia gubernamental que se juzga equivocada, cuando no culpable. El peligro que encierra esta última perspectiva es evidente: en un Estado de derecho, ni los terroristas, ni sus víctimas, por estimables que sean estas últimas o quienes asumen la defensa de sus intereses, pueden tratar de imponer sus planteamientos a los de las instituciones representativas. Lo acaba de explicar Peces-Barba de modo irreprochable. Una AVT actuando como sucedáneo sectorial de un partido, o como instrumento de un partido, traicionaría su propia esencia, y otro tanto cabe decir de su posible pretensión de suplantar al Gobierno en el trazado de las grandes líneas de la deseada lucha final contra ETA.

Las observaciones anteriores no tienen por objeto relegar a las víctimas y sus asociaciones al papel de receptores de la compasión ajena, y menos juzgar inadecuado que sean adoptadas posiciones políticas sobre la base de su existencia. El terrorismo es político, la pasividad de instituciones como el Gobierno vasco o el PNV a la hora de hacer una lectura política de sus crímenes, también lo ha sido, y en consecuencia resulta, no ya lícito, sino indispensable adoptar posiciones políticas frente a los asesinos, sus representantes tipo Batasuna o quienes de un modo u otro les encubren o favorecen. En este último apartado entraría la eventual reacción de la AVT contra una política del Gobierno de Zapatero que aceptase negociar bajo las bombas, pagar un precio político por el fin de ETA más allá de la entrada en la legalidad de su brazo o proclamar una amnistía que dejase en la calle a los cientos de etarras presos. Sólo que la resolución del Congreso desautoriza expresamente cualquiera de tales alternativas, y por ello una reacción preventiva a la escala de la actual desborda los límites de lo razonable. Resulta lícito hacer previsiones pesimistas, desde el momento en que se pone en circulación el término ambiguo de "diálogo" y está sobre la mesa la supervivencia de EHAK como partido legal. El Gobierno explica demasiado poco, y ello siembra una incertidumbre capaz de afectar incluso al rendimiento de las fuerzas actuantes contra ETA. Pero hay que valorar que el Constitucional no está por la labor de implicarse a fondo en el tema vasco y nada lo prueba mejor que el rechazo del recurso planteado desde Navarra contra el plan Ibarretxe, por considerar desde un formalismo ciego que la carrera de éste ha terminado con su rechazo por el Congreso. Antes era demasiado pronto y ahora el problema ya no existe. Demasiada suerte para todos.

En cualquier caso, por fundada que estuviera la desconfianza de la AVT, lo es sobre presunciones, no sobre pruebas reales de "traición". Menos aún, cuando dos probables dobles dirigentes, Otegi y Salaberria, están siendo procesados por pertenencia a ETA. De nada sirve a la lucha antiterrorista que la baraja de la unidad se rompa preventivamente, y quebrantando el reparto de papeles propio de un régimen de libertades.