El Gobierno mantendrá su política antiterrorista al margen de lo que hoy ocurra en la manifestación de Madrid

El Gobierno no cambiará su política antiterrorista, incluido el diálogo con ETA si la banda cesa la violencia, pase lo que pase en la manifestación que hoy se celebra en Madrid, convocada por la dirección de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), para advertir al Ejecutivo contra un hipotético diálogo con la banda. Así lo aseguró ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, tras el Consejo de Ministros. La vicepresidenta confirmó que ni el Gobierno ni el PSOE enviará ninguna representación a la manifestación.

El Gobierno respeta el derecho de la AVT, la asociación mayoritaria de víctimas del terrorismo, a manifestarse, lo que hará hoy en Madrid bajo el lema "Por ellos, por todos. Negociación en mi nombre, no", y con el apoyo de un único partido, el PP, cuyo presidente, Mariano Rajoy, ya ha anunciado su presencia, junto con el ex presidente del Ejecutivo José María Aznar. "La gente ejerce su derecho fundamental a manifestarse y el Gobierno lo respeta", dijo Fernández de la Vega, pero también añadió que el mundo de las asociaciones de víctimas del terrorismo es "plural".

La vicepresidenta primera del Gobierno se refería a que no todas las asociaciones de víctimas han suscrito la manifestación de hoy, ni siquiera algunas de las personas más representativas de este movimiento asociativo acudirán a la manifestación, como por ejemplo Fernando Savater o la viuda de Fernando Buesa, Natividad Rodríguez, que han anunciado su oposición a la misma.

Diálogo sin precio político

También aclaró que la posición del Gobierno "en lo que se refiere a la lucha contra el terrorismo es conocida", esto es, que mantiene las bases del Pacto Antiterrorista y lo compatibiliza con la resolución parlamentaria aprobada tras el debate sobre el estado de la nación, que, entre otras cuestiones, propone el final dialogado del terrorismo si ETA abandona la violencia. Ese diálogo no supondrá el pago de ningún precio político. La resolución contó con el apoyo de todo el arco parlamentario, con la única excepción del PP.

Por ello, porque la manifestación cuestiona una parte de la política antiterrorista del Ejecutivo, que cuenta, además, con el respaldo de una mayoría parlamentaria, ni el Gobierno ni el PSOE mandarán ninguna representación a la manifestación ni tan siquiera acudirán socialistas a título personal, en contraste con lo sucedido en la anterior convocatoria de la AVT, el pasado enero, en la que el ministro de Defensa, José Bono, lo hizo y tuvo que abandonar la marcha entre insultos e intentos de agresión. Dicha manifestación fue convocada para exigir que algunos etarras, condenados por delitos de sangre, y cuyas penas estaban a punto de cumplirse, permanecieran en la cárcel.

La vicepresidenta primera hizo una distinción entre las asociaciones de víctimas que convocan la manifestación y el PP, que la apoya, al reclamar a este partido "sentido de la responsabilidad". Fernández de la Vega se refería a las declaraciones del secretario general del PP, Ángel Acebes, que responsabilizó al Gobierno de los incidentes que pudieran ocurrir en la manifestación.

La vicepresidenta también aclaró que, al margen de que la directiva de la AVT convoque la manifestación, el Gobierno mantendrá su apoyo a dicha asociación y a las víctimas, en su conjunto. "Para este Gobierno, las víctimas son lo

primero. Nuestro trabajo va dedicado a la protección, el apoyo y la defensa de los intereses de las víctimas, de su pluralidad y de sus necesidades".

Expresó también su respaldo al alto comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Gregorio Peces-Barba, del que el PP ha pedido su dimisión por anunciar que no irá a la manifestación. La vicepresidenta recordó que "es secretario de Estado, es un miembro del Gobierno" y, por tanto, no puede acudir a una manifestación que cuestiona una parte de su política.