La granja de monos para la investigación de Camarles deberá cerrar

"El caso Camarles ha terminado". Así de contundente se manifestó ayer el director de Medio Natural, Ramon Luque, sobre la sentencia de la Audiencia de Tarragona conocida ayer y que concluye que el Ayuntamiento de Camarles actuó correctamente al anular la licencia de obras de la polémica granja de monos para la investigación ubicada en el municipio. La sentencia señala que la granja está construida en zona agrícola y debiera estar en zona industrial.

Este complejo y enmarañado caso jurídico llega a su fin después de que la Generalitat autorizara a la empresa para abrir la granja de micos el año 2002, poco antes de aprobar una ley de protección de los animales que actualmente impide que existan en Cataluña instalaciones de este tipo. Después de la fuerte oposición social que despertó la presencia de la granja en el municipio, el Ayuntamiento de Camarles hizo marcha atrás y retiró las licencias de obras y de actividad que previamente había concedido a la empresa promotora del centro.

La empresa, de capital francesa, puso en duda esta actuación y denunció los hechos ante los tribunales. Ahora, la Audiencia de Tarragona, en concreto su Juzgado de lo Contencioso número 2, ha acabado dando la razón al Ayuntamiento, que anuló la licencia de obras por estimar que la granja estaba ubicada en un terreno agrícola, cuando en realidad debería haberse construido en una zona industrial.

Así lo dice el juez en una sentencia que desató ayer la euforia en el seno del tripartito. ERC e ICV se posicionaron rotundamente contra esta instalación en la pasada legislatura y ayer sus representantes en el tripartito recibieron la sentencia con muestras de alegría.

Ramon Luque anunció que el Departamento de Medio Ambiente prepara una resolución para definir exactamente cómo debe ser el proceso final de desmantelamiento de la granja, que aún tiene enjaulados 200 macacos que podría vender legalmente. El primer consejero, Josep Bargalló, despejó las dudas sobre una posible responsabilidad económica del consistorio. "No hay indicios de que el Ayuntamiento tenga que hacer frente a una indemnización", aseguró ayer en Amposta.