Un grupo de afectados de Fedeoliva se querella contra los antiguos gestores por cinco delitos

La crisis de la cooperativa de segundo grado Fedeoliva, con un agujero económico de 44 millones de euros y 7.000 olivareros afectados, va a llegar a los tribunales. Nueve de las 15 almazaras que participaron en la comercialización de aceite a Estados Unidos han dado ya el respaldo a sus abogados para interponer una querella en la Audiencia Nacional contra los antiguos responsables de la aceitera por al menos cinco presuntos delitos: estafa, falsedad documental, apropiación indebida, ocultación de información y administración desleal.

Paralelamente, se investigan posibles ramificaciones del caso en Estados Unidos y otros países del continente americano. Los olivareros de las 15 cooperativas afectadas han decidido iniciar la acción penal contra los antiguos gestores de la aceitera. En concreto, la querella en la Audiencia Nacional se dirigirá, inicialmente, contra el ex presidente de Fedeoliva, Manuel Villar, y contra el ex gerente de la comercializadora Expafe, Pedro Lanagrán.

El letrado Cándido Conde Pumpido (hijo del actual fiscal general del Estado) afirmó en una reunión que mantuvo el jueves con los afectados que el caso de Fedeoliva es comparable al de Gescartera, tanto por el volumen del dinero que ha desaparecido (44 millones de euros) como por la masa social afectada, unos 7.000 cooperativistas.

Sin embargo, los olivareros creen que en este caso existen también ramificaciones internacionales, por lo que han contratado los servicios de un bufete estadounidense para investigar posibles responsabilidades penales en las personas que actuaron como intermediarios en las exportaciones de aceite de oliva en Estados Unidos, pero también en Perú, Chile y los países del Mercasur (Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina).

En concreto, las sospechas se centran sobre Robert Benetti, un empresario de origen italiano que era el contacto encargado de abrir mercados. Fedeoliva, que destinaba a la exportación más del 55% de su aceite envasado, invirtió 7,8 millones de euros en implantar su red comercial en Estados Unidos, pero con anterioridad estuvo instalada en Uruguay, Brasil, Perú o Chile.

Las cooperativas afectadas se reunieron el jueves en La Carolina (Jaén) con los abogados para concretar las acciones penales. "El objetivo es contar con el respaldo de la mayor masa social posible", señaló José Sanjuán, portavoz de los afectados y miembro de la cooperativa del municipio de Torres. Sanjuán añadió que el sentir mayoritario de los denunciantes es "llevar a la cárcel" a los responsables del agujero económico.

Al ex presidente, Manuel Villar, lo acusa de recibir unos emolumentos mensuales de casi 10.000 euros, además de dietas y "otros gastos no controlados". Sanjuán mostró, no obstante, su convencimiento de que hubo "connivencia" entre todos los gestores anteriores. Sanjuán considera "inexplicable" que en noviembre de 2004 se formalizasen tres pólizas de crédito por 18 millones de euros "sin dar cuenta" a los consejos rectores de las almazaras.

Fedeoliva creó su comercializadora Expafe en 1999, por lo que los olivareros creen que las irregularidades contables se han ido acumulando desde entonces. "Han gestionado la cooperativa como si fuera un coto privado, sin ninguna transparencia", aseguró Sanjuán, tras admitir que han tardado mucho tiempo en acudir a los tribunales. "Siempre ponían alguna excusa en las asambleas, pero el trasfondo era ocultar el agujero desde hace seis años", indicó el portavoz de los afectados.

Al margen de la vía penal, el caso Fedeoliva ha levantado ya una agria polémica política. El PP ha vuelto a pedir al consejero de Agricultura, Isaías Pérez Saldaña, que haga públicas cuanto antes las ayudas públicas que la Junta habría concedido supuestamente a esa cooperativas y que, a continuación, aclare si Administración andaluza va a emprender medidas legales contra los antiguos gestores.