El plan balear de financiación copia parte del que defendió el PP catalán

La propuesta de financiación autonómica presentada por el Gobierno de Baleares copia parte de la que planteó Josep Piqué el 16 de febrero en el Parlamento de Cataluña como respuesta, "dentro del marco constitucional", al plan del Gobierno tripartito catalán sobre este asunto. La propuesta de Piqué fue tildada de "insuficiente" por los partidos del tripartito, incluido el PSC. Ahora el Gobierno socialista, que es crítico con el plan del tripartito, ha rechazado la propuesta balear porque "pone en riesgo la solidaridad".

La mayor parte de la Proposta nou model de finançament autonòmic comunitat autònoma de les Illes Balears es una copia literal de las "propuestas básicas para la reforma del sistema de financiación de la Generalitat de Cataluña". Hay, en todo caso, una diferencia clave: la propuesta balear incluye la creación de un fondo de solidaridad. Al explicar ese fondo, el consejero de Economía balear, Lluís Ramis de Ayreflor, mantuvo que Baleares paga mucho más que Extremadura y recibe, porcentualmente, menos. Esa queja no aparece en el texto de la propuesta balear pero ha sido el detonante de las críticas que no tuvo el plan de Piqué.

La propuesta catalana fue defendida por Josep Piqué el pasado febrero como alternativa al modelo del Gobierno tripartito de incluir la financiación autonómica dentro del nuevo Estatuto catalán y de crear una Agencia Tributaria propia. La alternativa de Piqué, básicamente, buscaba llegar a la misma cantidad de recursos para Cataluña pero se planteaba como una propuesta a negociar de forma multilateral, con todas las autonomías y con el Gobierno central, dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Además, planteaba la creación de una Agencia Tributaria sólo para la gestión de los tributos propios y "consorciada" con la del Estado.

El plan alternativo de Piqué no tuvo el menor éxito. A partir de ese fracaso, según fuentes del PP, el propio Piqué y el presidente de Baleares, Jaume Matas, pensaron en la conveniencia de presentar esa misma propuesta para las islas. Ambos lo hablaron con el líder de su partido, Mariano Rajoy, que pidió, de momento, esperar.

La posición oficial del PP, hasta esta semana, pasaba por defender el actual sistema de financiación autonómica con el argumento de que fue pactado por unanimidad por todas las autonomías y que puede "desarrollarse". Por tal desarrollo, el PP aceptaba, si acaso, elevar los porcentajes de impuestos cedidos manteniendo los criterios de ponderación y ajuste (como el tener más o menos población) del actual modelo. Además, hasta ahora, Rajoy defendía públicamente su oferta de un pacto global con el PSOE y el Gobierno para la reforma de toda la "arquitectura institucional de España", es decir, para las modificaciones en la Constitución, los estatutos de autonomía y, si acaso, el sistema de financiación autonómica.

Esa oferta de pacto era -y parece que sigue siendo- todo o nada. Es decir, Rajoy ha advertido al Gobierno de que el PP no respaldará la reforma de la Constitución salvo que medie un acuerdo global para que la aprobación de las reformas de los Estatutos requieran una mayoría de dos tercios en el Parlamento.

Mientras, el PP y el PSOE han alcanzado un acuerdo para reformar el estatuto de la Comunidad Valenciana. Ese pacto ha sido asumido por Rajoy como "el modelo" a seguir, porque ha sido pactado por los dos partidos, respeta la Constitución y las leyes básicas del Estado.

Una semana después de ese "modelo" valenciano, Rajoy autorizó a las autonomías de su partido a pedir la financiación que más les convenga. Lo hizo justo después de que Jaume Matas trasladara su propuesta de financiación al Parlamento balear.

Doble dilema

La estrategia, según fuentes del PP, consiste en plantear un dilema: o el modelo valenciano, pactado con toda discreción entre el PP y el PSOE, o se abre la subasta para ver quién pide más. Rajoy, según estas fuentes, pretende convencer así al Gobierno de Zapatero de las bondades de su oferta de pacto global.

Entretanto, en Baleares, el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, fue descalificado ayer por Miguel Ramis, portavoz del PP en las islas. Ramis afirmó que Sevilla dijo "una burrada" al rechazar el modelo de financiación autonómica que postula el Gobierno de Matas con el argumento de que "pone en riesgo la solidaridad".

Por su parte, el consejero de Economía de Baleares y autor de la propuesta de financiación, Lluís Ramis de Ayreflor, rebatió las críticas del ministro Sevilla sobre el supuesto riesgo que representan las tesis de Matas para la solidaridad territorial y le emplazó a detallar "por qué los ciudadanos de Baleares tienen una financiación per cápita un 40% menor que la de Extremadura". El consejero reclamó "la solidaridad del Estado" para hacer viable el nuevo sistema que posibilite a Baleares enjugar el déficit fiscal y recuperar la equidad en las inversiones estatales.