Informe de parte

Como se ha sostenido desde que estalló el caso del hospital Severo Ochoa de Leganés hace dos meses y medio, debe ser la justicia y no otra instancia la que debe determinar si hubo o no delito en la sedación de enfermos terminales. Por tanto, habrá que esperar a las conclusiones del fiscal para sostener si hay indicios delictivos que recomienden procesamientos. En ese sentido, el informe del comité de seis investigadores elegidos por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid -que ve irregularidades en el 68% de las sedaciones practicadas en el periodo analizado- debe entenderse como un documento de parte por dos razones: el juez no lo ha solicitado y sus contundentes resultados han sido obtenidos sin consultar con ninguno de los médicos investigados, que se han quejado de ello.

No se trata de poner en tela de juicio la valía profesional de los miembros de la comisión ni de desmontar sus datos, pero sí de constatar que los resultados no despejan las dudas planteadas. En principio, a Lamela se le debería presuponer haber querido actuar de buena fe (la oposición socialista al Gobierno popular autonómico piensa lo contrario), si bien algunas de sus acciones fueron cuando menos intempestivas y poco inteligentes si pretendía impedir que hubiera alarma social. La fulminante destitución de la cúpula directiva del centro hospitalario tras una denuncia anónima y la retirada de historiales médicos sin informar a la junta de personal son dos ejemplos. La actuación de Lamela contribuyó a dañar el prestigio del hospital y de la medicina madrileña en general, por mucho que insista en acusar a otros de querer manipular el tema.

El consejero ha actuado de forma correcta al enviar directamente al juez, aunque éste no lo pidiera, los resultados de la investigación sobre sedaciones practicadas entre septiembre de 2003 y marzo de 2005. Sin embargo, pese a insistir en que se trata de casos muy aislados llevados a cabo, según los investigadores, por sólo cuatro médicos, el consejero se arriesga demasiado al afirmar que del informe se deducen indicios de delito. Hasta ahora se había entendido justamente lo opuesto, tanto de las informaciones preliminares de la Fiscalía como de los resultados de la anterior investigación realizada por la Consejería de Sanidad, que señalaron la existencia de irregularidades administrativas, pero no una mala praxis médica. Por ello, conviene que sea la justicia, y no una instancia de parte, quien esclarezca el embrollo cuanto antes.