Bruselas pide a Francia que no ignore la voz del 49% de los europeos

La Comisión Europea envió ayer un claro aviso a los votantes franceses al recordarles que son ya nueve los países que han ratificado la Constitución europea y que representan a 220 millones de habitantes, el 49% de la UE. "La voz de casi la mitad de la Unión Europea no puede ser ignorada", señaló en un comunicado Margot Walström, vicepresidenta del Ejecutivo comunitario.

Por ese motivo, Bruselas insistió en que, ocurra lo que ocurra en el referéndum francés de mañana, el proceso de ratificación debe continuar en los otros 15 países que aún tendrán que pronunciarse a partir del lunes y antes de noviembre del año próximo. Walström lanzó esa advertencia a raíz de "la clara señal para los franceses", en palabras de su portavoz, Mikolaj Dowgielewicz, que ayer emitió Berlín al ratificar el nuevo Tratado constitucional sólo dos días antes de la consulta en Francia y cinco días antes del siguiente referéndum, convocado en Holanda.

Con 82 millones de habitantes (el 17% de la Unión), Alemania constituye hoy con Francia el motor de la construcción europea. El eje franco-alemán ha sido precisamente el mayor impulsor de la primera Constitución europea, cuyo futuro quedará en el alero en caso de un no francés. Por tanto, la alianza entre París y Berlín también quedaría malherida si se produjera ese rechazo, que abriría una crisis en la UE.

El eurodiputado alemán Elmar Brok, dirigente del Partido Popular Europeo (PPE) que representó a la Eurocámara en la conferencia intergubernamental que redactó el proyecto constitucional, dijo ayer en otro comunicado que el referéndum francés tendrá "una importancia capital no sólo para Francia, sino también para Alemania y para Europa en su conjunto".

Brok se declaró "convencido" de que los franceses "confirmarán solemnemente su profundo compromiso con nuestro proyecto común", y recordó que la alianza franco-alemana es "un ejemplo sin precedentes de unos antiguos enemigos que ahora se unen en una familia de pueblos".

El hecho de que los nueve países que han dado su luz verde al texto representen "a casi el 50% de la UE", como destacó Walström, debe suponer "un importante llamamiento para los franceses y los holandeses", señaló su portavoz, quien remachó así el aviso a ambos: "La votación no afecta sólo a sus países, sino al futuro de la Unión, su papel en el mundo, sus perspectivas políticas y económicas".

Los países que ya han ratificado la Constitución son Lituania, Hungría, Eslovenia, Grecia, Eslovaquia, Italia, Austria, Alemania y España, este último el único que lo ha hecho hasta ahora por referéndum. Por tanto, de los países grandes del club, con excepción del especial caso del Reino Unido, son ya tres (Alemania, Italia y España) los que han dado su luz verde.

Objetivo común

Aun en el caso de un no francés, como apuntan las encuestas, Bruselas destacó ayer que el proceso de ratificación debe continuar. "El proceso debe completarse para que todos los europeos puedan expresar su opinión sobre la Constitución", dijo el citado portavoz. Ocurra lo que ocurra en el referéndum de mañana, ése es el mensaje conjunto que piensan lanzar por la noche el presidente de la UE, el luxemburgués Jean-Claude Juncker, y el de la Comisión, José Manuel Durão Barroso.

En los últimos días, y a la vista de que el rechazo francés crecía en las encuestas, el discurso oficial en la UE ha ido variando. Si antes se aseguraba que un no francés supondría una muralla casi insalvable para el futuro de la Constitución, ahora se precisa que el proceso de ratificación continuará porque tanto las instituciones europeas como los Estados, especialmente aquellos que ya han ratificado el texto, están "unidos" en el objetivo común de que entre en vigor un Tratado aprobado el año pasado por los 25 Gobiernos.

Es más, como señalaron ayer los portavoces del Ejecutivo comunitario, es "cada Gobierno" el que tiene la responsabilidad de explicar a sus ciudadanos la Constitución y de convencerles de sus positivos efectos sobre "el empleo, el crecimiento, la seguridad o el medio ambiente". Es decir, el mensaje institucional del club apunta ya a quién debe pagar los platos rotos: si los franceses dicen no, serán el presidente Jacques Chirac y su Gobierno los que tengan que asumir las consecuencias y plantearse una posible rectificación. Quizás en una segunda consulta si el resultado es negativo pero muy ajustado, como ya hicieron Irlanda con el Tratado de Niza y antes Dinamarca con el de Maastricht.