Prisión eludible

La orden de prisión provisional, eludible mediante fianza de 400.000 euros, decretada por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska contra Arnaldo Otegi, no constituye una medida anormal dentro del procedimiento penal. Lo anormal habría sido dejar en plena libertad, sin adoptar medida cautelar alguna, a un imputado por delito tan grave como el de integración en banda terrorista.

La fiscalía había solicitado prisión preventiva incondicional, dados los precedentes de huida de la justicia de otros dirigentes de su misma formación, como Josu Ternera o Jon Salaberria, citado este último junto con Otegi para declarar ante el juez. La solicitud de la fiscalía no era disparatada, pero el juez ha entendido con buen sentido que esos precedentes ajenos no podían agravar la situación de quien hasta ahora nunca ha intentado sustraerse a la acción de la justicia. Huelga, por tanto, el discurso victimista de los amigos de Otegi, así como el cuestionamiento de la decisión judicial por parte de la portavoz del Gobierno vasco en funciones, achacándola a "un impulso político".

La suerte corrida por Otegi no se diferencia de la de los 35 dirigentes y miembros cualificados de Batasuna imputados por pertenencia a banda armada en los sumarios abiertos por el juez Garzón a partir de 2001. En unos casos, el juez decretó la prisión preventiva, y en otros, la libertad bajo fianza, como ahora con Otegi. Una vez que ha dejado de estar aforado como parlamentario vasco, el antiguo portavoz de la ilegalizada Batasuna no podía dejar de aclarar su actuación ante el juez, en especial su papel en la creación de la red de herriko tabernas que sirvió para financiar a ETA.

La suspensión cautelar de Batasuna, acordada por ese juez en agosto de 2002, quedó superada por su posterior ilegalización en virtud de la Ley de Partidos Políticos. Pero las imputaciones penales, de carácter personal, que la justicia mantiene contra las últimas direcciones de Batasuna -a partir de 1988- siguen en pie. Es lo que no parecen comprender los defensores de Otegi. Y resulta sorprendente que portavoces nacionalistas cualificados equipararan ayer la detención de Otegi y la colocación de una bomba en el centro de Madrid como obstáculos simétricos a la paz. Ninguna expectativa de un hipotético proceso de paz puede suponer la impunidad por decreto de quienes tengan pendientes cuentas con la justicia.