Batasuna y el Gobierno vasco ven en la prisión de Otegi "un portazo" a la paz

El encarcelamiento de Arnaldo Otegi cogió por sorpresa a Batasuna, que ayer consideró el hecho "muy grave", y acusó al PSOE y al Gobierno de Zapatero de "dar un portazo a las ansias de paz". El Gobierno vasco, en funciones, también lanzó sus sospechas sobre un encarcelamiento "político". Los nacionalistas creen que la decisión adoptada sobre Otegi, de la que culpan al Gobierno socialista, complica el proceso de paz. Los abogados de Otegi presentaron anoche un aval bancario en el juzgado número 4 de Bilbao por importe de 200.000 euros, cuando la fianza decretada por el juez es de 400.000 euros.

Los miembros de la Mesa Nacional de la ilegalizada Batasuna volvieron a aparecer en público ayer en San Sebastián, encabezados por Joseba Permach, para dar una respuesta al encarcelamiento de su principal dirigente. Calificaron la decisión judicial de hecho "muy grave", que enmarcan en "la línea política represiva y la actual apuesta de guerra" que, según opinan, mantienen el PSOE y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. A éste atribuyen una responsabilidad directa en la medida adoptada por el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska.

"Decimos a Zapatero que este encarcelamiento es un ataque directo, un portazo directo a las ansias y los deseos que en estos momentos hay en Euskal Herria en favor de la paz y de la solución democrática del conflicto", declaró Permach. Otegi, que ingresó en la madrugada de ayer en la prisión de Soto del Real (Madrid), permanecía anoche en un módulo de aislamiento para preservar su integridad, por decisión de la Junta de Tratamiento de la cárcel. Allí estará hasta que se haga efectiva la fianza de 400.000 euros que le impuso el juez.

Joseba Permach afirmó que la formación ilegalizada no disponía de medios para hacer frente a la elevada cantidad exigida, pero la familia del portavoz radical logró ayer mismo un aval bancario por 200.000 euros.

Xabi Larralde, portavoz de Batasuna en Francia, donde este partido es legal, anunció la apertura en breve de una cuenta bancaria en Bayona destinada a recoger fondos para afrontar la fianza. Por su parte, Jone Goirizelaia, abogada de Otegi y de su compañero de la Mesa Nacional Jon Salaberria, contra el que se ha dictado orden de busca y captura, explicó en Radio Euskadi que este último no compareció el miércoles ante el juez porque "no había sido citado reglamentariamente". La orden contra Salaberria sigue vigente.

La condición de interlocutor con el resto de partidos, incluido el PSE-EE, que Otegi ha mantenido en el Parlamento vasco, a la vez que ejerce de portavoz de la formación ilegalizada, fue destacada ayer por sus compañeros para reforzar la gravedad de su encarcelamiento en medio del confuso debate sobre el inicio de un proceso de paz. "Quien encarcela a los interlocutores, ¿cómo puede hablar en clave de soluciones?", se preguntó el líder del sindicato abertzale LAB, Rafa Díez Usabiaga, también significado interlocutor del entorno radical en los anteriores episodios y contactos. En la misma línea se expresó el líder del partido republicano irlandés Sinn Fein, Gerry Adams, al afirmar que este hecho "sólo servirá para retroceder en el esfuerzo de poner en marcha un proceso de paz".

El Gobierno vasco destacó, en la línea mantenida por Batasuna, el carácter político que esconde la decisión de encarcelar a Otegi. La portavoz del Ejecutivo, Miren Azkarate, exigió a los tribunales que hagan públicos los motivos de mantener a Otegi en prisión, ante la "sospecha generalizada" en la sociedad vasca de que tiene detrás un "impulso político".

El presidente del PNV, Josu Jon Imaz, consideró "poco acertado" encarcelar a Otegi, porque la solución no pasa por "la detención de dirigentes políticos". Como "aberración jurídica y despropósito" la calificó el secretario general de EA, Unai Ziarreta. El sindicato nacionalista ELA denunció la vuelta a la "vieja estrategia de la criminalización".

Para el presidente de CiU, Artur Mas, llevar a prisión a Otegi supone "equivocarse de objetivo", ya que a quienes hay que acorralar es a quienes "ponen bombas". El portavoz de este partido en el Congreso, Josep Antoni Duran, advirtió del riesgo político que entrañan este tipo de actuaciones, que pueden "crear más victimismo en el mundo abertzale".

Batasuna llamó a la movilización como respuesta y convocó ayer mismo concentraciones ante las sedes socialistas del País Vasco, por lo que el portavoz del PSE, Rodolfo Ares, solicitó medidas extraordinarias de protección. La concentración ante la sede de Bilbao reunió a dos centenares de personas tras una pancarta que decía, en euskera: "La represión no es el camino". En Elgoibar, localidad natal de Otegi, desfilaron cien personas encabezadas por dirigentes de Batasuna.

El abogado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Pedro Cerracín, manifestó anoche a la cadena SER que, el miércoles, cuando el fiscal leyó su petición de prisión incondicional para Otegi, éste dijo: "¿Sabe [el fiscal general] Conde-Pumpido lo que usted está pidiendo, porque si lo sabe me parece increíble, ahora que estamos nosotros ofreciendo soluciones?". El abogado añadió: "Y de ahí que cada uno saque sus conclusiones".

Cerracín corregía así unas anteriores declaraciones suyas a Europa Press, en las que aseguraba que Otegi reveló al juez el nombre de un alto cargo del Estado con el que estaría manteniendo conversaciones para lograr una vía de solución para el conflicto vasco.

Fuentes de la fiscalía precisaron anoche que los fiscales Jesús Alonso y Juan Moral consultaron al fiscal general sobre la medida que iban a tomar, petición de prisión para Otegi, a lo que Conde-Pumpido contestó: "Actúen de acuerdo con criterios profesionales".

Alonso criticó ayer la actitud, en su criterio amigable, que Cerracín tuvo con Otegi durante su declaración.