Mesa sale al paso de los rumores de golpe de Estado en Bolivia y dice que no dimitirá

El cerco a la ciudad de La Paz se intensificó ayer con las movilizaciones y los bloqueos de carreteras por parte de los más de 10.000 indígenas, campesinos y mineros bolivianos que exigen al Gobierno que nacionalice los hidrocarburos y frene el proceso de autonomía de las ricas regiones del este del país. El presidente Carlos Mesa afirmó desde Sucre que no renunciará a su cargo y que había que pasar página en la cuestión de los recursos energéticos, además de hacer un llamamiento a la serenidad ante los rumores de golpe de Estado y el incremento de la violencia en los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía.

La capital de Bolivia quedó ayer paralizada por tercera jornada consecutiva. Las escuelas cerraron, los bancos cambiaron su horario para trabajar desde bien temprano hasta el mediodía y los autobuses urbanos casi no circularon tras los violentos incidentes del martes. Las tiendas del centro abrieron unas horas por la mañana, apurando las ventas hasta que se vieron obligadas a cerrar por la llegada de los manifestantes. La estación de autobuses de media y larga distancia se mantuvo cerrada y varias compañías aéreas, entre ellas American Airlines, suspendieron sus vuelos. Con el bloqueo del acceso por la autopista desde El Alto y de todas las carreteras secundarias, La Paz quedó aislada.

Como si la tensión no fuese suficiente, ayer los tenientes coroneles Julio Herrera y Julio César Galindo pidieron "a título personal" la renuncia de Mesa y se ofrecieron para encabezar un nuevo gobierno. Los oficiales, cuyo mensaje fue hecho público por la televisión paceña, dijeron formar parte de un movimiento creado hace un año que aglutina a "oficiales de las tres fuerzas con grados de teniente coronel para abajo", sin especificar cuántos.

Tras saltar todas las alarmas, los mandos de las Fuerzas Armadas se apresuraron a reafirmar su respaldo al régimen democrático y manifestar que la conducta de los dos oficiales suponía un "hecho aislado". Por las dudas, el Ejército envió un contingente de policías militares para reforzar la seguridad en la plaza Murillo, en torno a la que se ubican la sede del Gobierno, la del Parlamento, y la catedral.

La situación social es ahora más compleja. Los cabecillas del grueso de los manifestantes, el líder indigenista Evo Morales, el sindicalista de la Central Obrera Boliviana (COB) Jaime Solares y el jefe de las organizaciones vecinales de El Alto, Abel Mamani, están divididos. Morales quiere un endurecimiento de la ley de Hidrocarburos, mientras que los otros dos exigen la nacionalización. Los tres están de acuerdo en que el Ejecutivo debe frenar el ímpetu autonomista de la rica región de Santa Cruz, a la que ya se le han unido otras tres provincias occidentales (Tarija, Pando y Beni). No obstante, sus posiciones no están claras a la hora de determinar el Gobierno debe hacer frente a esta cuestión. En todo caso, Morales, Solares y Mamani dieron al Ejecutivo hasta mañana para dar una respuesta.

Morales dice que "cualquier gesto de buena voluntad del Gobierno o del Congreso le bastaría para reanudar el diálogo". De no haber respuesta, el líder del Movimiento al Socialismo (MAS) propondrá una "cumbre social con la participación de todos los sectores en contienda".

El presidente Mesa aprovechó un acto patriótico celebrado el miércoles en Sucre para salir al paso de los rumores de su salida y de un golpe de Estado. Mesa afirmó que "no se le pasa por la cabeza renunciar" y recordó que en marzo había presentado su renuncia y había propuesto adelantar las elecciones. "En ambos casos", dijo, "ni el pueblo ni el Congreso me lo permitieron". El mandatario insistió en que "la ley de Hidrocarburos es un capítulo cerrado" y que al referéndum autonómico impulsado por Santa Cruz no puede impedirse.

El presidente, según fuentes oficiales, estudiaba a última hora de ayer la posibilidad de convocar por decreto la elección de la Asamblea Constituyente como medio para desactivar la protesta. Mesa se vería forzado a tomar esta decisión para cumplir con el plazo dado por los movimientos sociales y porque el Congreso no tiene previsto retomar la actividad hasta el martes.