¿De qué autonomía se habla en Bolivia?

"¿No tienen ustedes un tal Ibarreta [le corrijo, Ibarretxe] que quiere la autonomía? Yo he visto que el Gobierno de Aznar iba contra él"; ésta fue la respuesta de un taxista de Santa Cruz de la Sierra, que intentó emigrar a España, al preguntarle a mediados de abril, mientras me llevaba a la plaza 24 de septiembre, por la autonomía que reclamaban los santacruceños. Hacía pocas semanas que se había producido la manifestación y la recogida de firmas para presentar en la Corte Nacional Electoral (CNE) y forzar la convocatoria de un referéndum. Se presentaron 428.105 firmas, de las que fueron aceptadas como válidas 299.866. Un número suficiente para convocar un referéndum nacional por iniciativa popular, ya que la ley exige el 6% del padrón nacional electoral, que está en torno a los 4,5 millones. Cuento al taxista que lo del tal Ibarretxe no es una cuestión de autonomía, que los vascos tienen desde hace 25 años, sino de soberanía, y me responde que ellos no quieren hacerse independientes, pero sí tener más dinero y no dar tanto a La Paz, que gasta mucho.

El departamento de Santa Cruz, con más de 370.000 kilómetros cuadrados y dos millones de habitantes, de los que 1.300.000 están en la capital, lidera el movimiento autonomista, fundamentalmente por razones económicas. Genera en torno al 40% del PIB de Bolivia y produce más del 60% de las exportaciones. La gente está por la autonomía y por negociar con La Paz, pero el movimiento es más empresarial que popular, a pesar de que puedan congregar en las calles a varios cientos de miles de personas. Los empresarios, sin embargo, no quieren aparecer como promotores de la autonomía, que se plantea como una cuestión bilateral con el poder central, con La Paz; y por eso hay un comité cívico, elegido por las corporaciones, que desde febrero preside Germán Antelo, médico neurólogo, con posiciones políticas cercanas a la derecha radical y al movimiento juvenil cruceñista, ariete de los promotores de la Nación Camba, pobladores del oriente, contrapuesta a los Coias, habitantes del altiplano.

La promulgación de la Ley de Hidrocarburos por el presidente del Congreso, Hormando Vaca Díez, el 17 de mayo, pone de relieve uno de los graves problemas que aquejan a Bolivia en estos momentos: la debilidad del presidente Carlos Mesa y su Gobierno. La ley, polémica para las compañías extranjeras que están instaladas en el país con contratos según la ley de 1996 (Petrobras, la compañía brasileña de petróleos, ya ha anunciado que recurrirá en todas las instancias internacionales la validez de sus contratos actuales), debía ser sancionada o vetada por el presidente de la República, según la Constitución, para lo cual tenía 10 días, plazo que Carlos Mesa dejó pasar (EL PAÍS, 18-5-2005). Por su parte, Evo Morales, el líder cocalero del Movimiento Al Socialismo (MAS), segunda fuerza política en el Congreso, ha anunciado que enmendará la ley, quiere la nacionalización de los recursos y ha empezado su campaña de bloqueos.

Con este panorama de debilidad del Gobierno central, se producen y van a suceder hechos que pueden sumir al país en una crisis cercana al caos. Está decidido que el 8 de agosto se celebrarán las elecciones de prefectos de los departamentos, pero todavía no están determinadas las competencias de estos nuevos cargos electos, porque hasta ahora eran nombrados por el Gobierno de La Paz, eran algo parecido a un gobernador civil en España. Se supone que las competencias de los nuevos prefectos debería fijarlas la Constituyente, para la que hay acuerdo de celebración, pero el problema es el momento, porque los autonomistas santacruceños exigen que primero se celebre el referéndum sobre la autonomía y han presentado las firmas necesarias en la CNE. Pero sus exigencias van más lejos, porque el Comité Cívico quiere negociar la autonomía de forma bilateral con el Gobierno de La Paz.

Lo lógico sería una negociación multilateral de todos los departamentos, pero ¿quién representa a los departamentos? Algunos países, entre ellos España, tratan de asesorar a los dirigentes para poner un poco de orden y coherencia en este debate. La lógica debería llevar a una Constituyente que determinase las competencias autonómicas y estatales, estableciese las reglas de juego entre las administraciones y determinase la forma como deberían constituirse los gobiernos de las autonomías y los parlamentos. En un paso siguiente se deberían convocar elecciones generales, autonómicas y constituirse las distintas instituciones.

Por otro lado, la autonomía administrativa y política de los departamentos no es la única que se reclama, en estos momentos, en Bolivia. Los indígenas exigen la autonomía étnica y Evo Morales, su líder, dice que hay en torno a 27 etnias diferentes a las que hay que reconocer su autonomía para organizarse, promover su cultura y acreditar sus instituciones indígenas. Los indígenas están tomando conciencia de su fuerza y están dispuestos a que sus reivindicaciones sean atendidas. Para ello realizan bloqueos en el país, con los que ya consiguieron paralizarlo en 2003 y la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. En este escenario que causa desconcierto y muchas dudas, el futuro de la autonomía en Bolivia está sembrado de incertidumbre. Casi todos los interlocutores y políticos con los que hablé miran a España y la señalan como prueba de que la descentralización, no sólo administrativa sino política, es muy buena a la vista de los resultados de un mayor desarrollo y progreso. Sin embargo, no son tan conscientes de que el Estado de las autonomías ha sido un proceso lento, lleva 25 años de funcionamiento, y todavía no está acabado ni totalmente definido el modelo.

La cuestión es si con los planteamientos que están en el debate político -exigencia de autonomía administrativa y política del territorio, autonomías étnicas, Constituyente, elecciones de los jefes de departamento, bloqueos de los indígenas por el desacuerdo con la nueva Ley de Hidrocarburos, divergencias con las empresas petroleras por los contratos existentes, dificultades en la política internacional por su planteamiento de soberanía en la salida al mar- tendrán una respuesta adecuada de las fuerzas políticas, con un Gobierno muy debilitado por la postura de su presidente, incapaz de tomar una decisión, aunque ésta sea sancionar una ley aprobada en el Parlamento. Si las fuerzas políticas no intentan un gran pacto nacional en el que estén presentes las organizaciones sociales, en algunos casos con más aceptación que los partidos políticos, podemos asistir en los próximos meses a una descomposición progresiva a la que no se le ve una salida razonable.

Joaquín Tagar es periodista y analista de política internacional.