Planes de vivienda

Paso a paso el Gobierno va dictando diversas regulaciones para configurar un mercado de la vivienda más ágil y adecuado a las necesidades españolas. Y conforme se van conociendo sus planes, las comunidades autónomas, sobre todo las gobernadas por el PP, van abriendo trincheras para oponerse a ellos. Entre otras razones, porque muchas entienden que se está produciendo una invasión de competencias. La semana pasada la ministra Trujillo anunció una propuesta destinada a impulsar la vivienda protegida de aquí a 2008. La novedad más importante es el diseño de un nuevo tipo de vivienda "de renta concertada", destinado a rentas medias (entre 31.003 y 36.640 euros anuales), cuyo precio será superior en un 20% a las de protección oficial (VPO). Tratar de cubrir un abanico de rentas más amplio que el establecido actualmente para el acceso a las VPO tiene sentido a la luz de la vigente escalada de precios.

Pero la novedad más sorprendente es que las viviendas subvencionadas no podrán venderse nunca a precio de mercado. Es lógico que las administraciones públicas adopten medidas para evitar que las viviendas subvencionadas con dinero público terminen entrando en el circuito inmobiliario especulativo. Para eso se han establecido diversos plazos, que pueden ser ampliados, pero es dudoso que la creación de un tipo de propiedad intervenida a perpetuidad sirva para resolver algo. El sector público puede promover viviendas en alquiler de baja renta, pero crear un nuevo mercado de vivienda en propiedad a precio invariable no puede generar más que distorsiones y, a la larga, un circuito subterráneo de transacciones en negro.

El éxito del plan no depende sólo de la adecuación de la propuesta, sino también de los medios disponibles y de la voluntad política para su realización. No se sabe cómo se liberará el suelo para construir las 180.000 soluciones habitacionales ni se conoce el presupuesto. Si se añade la oposición cerrada de las comunidades populares, la probabilidad de éxito de las propuestas de Trujillo no será muy grande a menos que consiga la cooperación de unas autonomías que tienen transferidas las competencias sobre vivienda. El Gobierno tiene un arma poderosa para ello: la gestión concertada del suelo cuya titularidad correponde al Estado.