El PP gallego afirma que actuó "con sensibilidad" en la crisis del 'Prestige'

El presidente de la Xunta de Galicia y candidato a la reelección, Manuel Fraga, presentó ayer el programa electoral del PP con vistas a las elecciones del 19 de junio, en un acto en Santiago de Compostela, en el que también se lanzó un manifiesto en el que se asegura que la reacción de las administraciones central y autonómica (ambas gobernadas por los populares en 2002) frente a la crisis del Prestige respondió "a la sensibilidad necesaria". Esa actitud ante la "mayor catástrofe ecológica que sufrió Galicia en toda su historia" se puso de manifiesto con la aprobación del Plan Galicia, que es un "compromiso de solidaridad con esta tierra", prosigue el texto.

Ese programa de infraestructuras se ha convertido en el principal argumento del PP de Galicia contra la gestión del Gobierno socialista. Fraga, quien perdió la voz por la emoción durante un momento de su discurso, dijo que el PP seguirá defendiendo este plan, y para ello ofrece el diálogo necesario al Ejecutivo central. "No se trata de una política de confrontación, sino de rigor y seriedad, que garantice el compromiso irrenunciable con el pueblo gallego". Su vicepresidente primero y cabeza de lista por Pontevedra, Alberto Núñez Feijoo, volvió a vincular el resultado de las elecciones con el cumplimiento del Plan Galicia.

El presidente de la Xunta se refirió también a las reformas tanto del Estatuto de Autonomía como de la Constitución, que apoya si hay amplio consenso.

Aunque el actual Estatuto fue un "magnífico instrumento para el desarrollo del autogobierno de Galicia", si se "alcanza el consenso que hubo en el año 1981, sería conveniente una reforma" para "adaptarlo, mejorarlo y perfeccionarlo dentro del actual marco constitucional", explicó Fraga. También apoya la posibilidad de modificar la Constitución, que, tras 27 años de vigencia, "admite mejoras, pero no cosas diferentes", de modo que abogó por abordala "con calma, serenidad y lealtad".

La reforma del Estatuto gallego se planteó ya en la legislatura pasada pero, pese a que ninguno de los grupos se niega a abordarlo, el PP ha obstaculizado en los últimos meses su puesta en marcha, que aplazó hasta después de las elecciones.