El Gobierno estudia varias fórmulas para reformar la financiación de la Iglesia católica

El Gobierno está estudiando un sistema que permita conseguir en el futuro la autofinanciación de la Iglesia católica española a través de las aportaciones de los contribuyentes en la casilla del IRPF, tal como señalan los acuerdos de 1985, dijo ayer el secretario de Estado de Justicia, Luis López Guerra, en una entrevista con Europa Press. La Conferencia Episcopal recibió del Estado el año pasado 138 millones de euros, de los que una parte fue recaudada a través de la casilla de la declaración de la renta y el resto fue aportación directa de los presupuestos públicos. La Agencia Tributaria sólo dispone de datos cerrados hasta 2002, año en el que los contribuyentes católicos destinaron a su iglesia 105,9 millones en el IRPF de ese año, y Hacienda aportó graciosamente otros 27 millones al margen de la casilla de la renta, fundamentalmente para retribuciones de obispos y sacerdotes y para el mantenimiento de parroquias.

La reforma del sistema de financiación eclesiástica busca evitar esos pagos a cuenta que cada año el Estado debe elevar a definitivos, y será objeto de negociación entre la Iglesia y el Estado en una comisión mixta de próxima creación. La vigencia del actual sistema de financiación -el fracasado impuesto religioso, en vigor desde 1988, por el que los católicos pueden destinar a su iglesia el 0,52% de la cuota de su impuesto personal, que los obispos quieren elevar ahora al 0,70%- concluye en diciembre y las autoridades quieren que el acuerdo que lo reforme esté concluido antes de la redacción de los Presupuestos Generales del Estado para 2006, el próximo otoño.

López Guerra recuerda que el actual sistema genera fondos del Estado a la Iglesia, por una parte, de manera indirecta a través de las aportaciones de los contribuyentes en la declaración de la renta y, por otra, a través de aportaciones directas del Estado, vía presupuestaria. "El sistema es forzosamente transitorio", recalcó. Las fórmulas que baraja el Gobierno "son muy diversas", atendiendo a modelos del derecho comparado.

"Lo ideal"

Para Justicia "lo ideal" es que la parte que aporta el Estado vía presupuestaria "vaya disminuyendo" y que "los fondos que reciba la Iglesia deriven de las aportaciones indirectas de los ciudadanos". Justicia insiste en que las fórmulas se estudiarán "dentro de las negociaciones previstas en los acuerdos" entre el Estado español y el de la Santa Sede. "La voluntad del Gobierno es llevar a cabo, en lo que se refiere a las relaciones con la Iglesia católica, las negociaciones que están previstas en los acuerdos y se excluyen acciones unilaterales que no obedezcan a los mismos", insistió. También dijo que la "acomodación" de los acuerdos en materia económica se realizará "previa consulta" entre los representantes de la Iglesia y los del Gobierno. Según López Guerra, el Ejecutivo comparte la letra de los acuerdos actuales y es consciente de que "pasar de la fase actual a una fase de mayor autofinanciación requiere un periodo de transición".