La juez cita como imputada a la ex alcaldesa de Urnieta

La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de San Sebastián ha dictado una providencia en la que cita a declarar como imputada a Maixa Lizeaga, ex alcaldesa de Urnieta por el PNV, en el procedimiento penal abierto por las presuntas actuaciones ilegales cometidas en 2001 en este ayuntamiento y en dos sociedades públicas municipales (Urnieta Eraiki y Kulturnieta). Lizeaga, al frente del Ayuntamiento entre junio de 2000 y febrero de 2002 mientras fracasó el intento de privatizar la telefónica local (Urnietatel), tendrá que responder ahora de las irregularidades de gestión que hallaron una empresa privada y el Tribunal de Cuentas del País Vasco, en sendas auditorías sobre las cuentas públicas de Urnieta del año 2001.

La citación judicial de Lizeaga en calidad de imputada se produce tras la decisión de la Fiscalía de Guipúzcoa de solicitar al Juzgado de Instrucción Decano de San Sebastián la apertura de una investigación contra el consistorio, al apreciar indicios delictivos en la gestión municipal en 2001, cuando el PNV gobernaba con mayoría absoluta. Dos concejales socialistas de este municipio, Maite Pagazaurtundua y Hermenegildo González, ejercen la acusación particular en este procedimiento.

La ex alcaldesa ha sido llamada a declarar en el juzgado el próximo 20 de junio. Sin embargo, el letrado Rubén Múgica, que ostenta la representación legal de los dos ediles del PSE, solicitó ayer la suspensión de la cita, aduciendo que para ese mismo día tenía señalado con anterioridad otro juicio fuera de Guipúzcoa.

Lizeaga aseguró pocos días después de presentar su dimisión como alcaldesa que durante su mandato no se cometió ninguna irregularidad y que en el proceso de privatización de Urnietatel no hubo "ninguna operación extraña". Justificó su decisión de abandonar el Ayuntamiento porque no prosperó la privatización de la red local de telefonía. Sin embargo, su sucesor en el cargo, el también peneuvista Florentino Ugalde, manifestó nada más tomar posesión que "con Urnietatel se creó una burbuja financiera" en la que "hubo intereses no municipales de por medio", lo que le llevó a contratar una auditoría externa.

Los informes de fiscalización concluyeron que durante 2001 hubo errores de bulto en la gestión de las cuentas y en operaciones urbanísticas.