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El Congreso promueve una comisión nacional para conmemorar 'La Pepa'

La propuesta de PSOE y PP prevé un consorcio para la gestión de las inversiones

El Congreso aprobó ayer por mayoría promover la creación y puesta en funcionamiento, antes de 2006, de una comisión nacional para conmemorar el bicentenario de la Constitución de 1812, conocida como La Pepa, como un "acontecimiento de excepcional interés público". PSOE y PP se pusieron de acuerdo para presentar en la Cámara una propuesta conjunta que recoge también impulsar un comité de honor, bajo la presidencia de los Reyes, y aprobar un consorcio en el que las administraciones participantes aporten inversiones para esta efeméride.

La propuesta salió adelante con los votos de 35 diputados de PP y PSOE, frente a las dos abstenciones de CIU y Esquerra Republicana y el voto en contra del PNV, que rechaza festejar la Constitución de 1812. IU se ausentó en esta votación.

En el documento, se remarca la necesidad de elaborar "un amplio y sólido programa de acción por parte de un conjunto de instituciones de nuestro país para que el texto político nacido en las Cortes de Cádiz (...) no quede en una conmemoración huera ni alejada de las preocupaciones de los españoles de hoy".

La comisión nacional, según este documento, debe aprobarse antes de 2006 y tendrá la misma conformación que el borrador elaborado por el Gobierno que recoge que la presidencia la ostentaría la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y tendría representantes de cinco ministerios, los principales órganos políticos y judiciales nacionales, la Junta de Andalucía, la Diputación gaditana y los ayuntamientos de Cádiz y San Fernando. La propuesta consensuada por el PP y el PSOE añade a la Universidad de Cádiz, olvidada en el borrador, y pide la colaboración de la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, adscrita al Ministerio de Cultura, excluido también inicialmente por el Gobierno.

El diputado socialista Rafael Román prevé que la comisión nacional pueda ser aprobada por el Gobierno tras las vacaciones de verano mediante un Real Decreto e, "inmediatamente después" se crearía el consorcio con la participación de las administraciones dispuestas a aportar fondos.

El PP lamentó que se haya "perdido" un año por no haberse tenido en cuenta el protocolo firmado en 2004.

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