Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

El PP admite ahora que desoyó en Zona Franca a la Abogacía del Estado al comprar Quality Food

Los populares gaditanos defienden una adquisición que causó un quebranto de 30 millones

Después de tres desmentidos de la Abogacía General del Estado, el PP de Cádiz reconoció ayer por primera vez que actuó al margen de las recomendaciones jurídicas de este organismo en algunas de sus polémicas actuaciones al frente de la Zona Franca de Cádiz. El concejal del PP en el Ayuntamiento de Cádiz y consejero de esta formación en el recinto fiscal, Ignacio Romaní, justificó por la "urgencia" de la situación que tres cargos del PP desoyeran una recomendación del abogado del Estado Manuel Ponce y respaldasen que la Zona Franca comprase la empresa privada Quality Food.

"Había necesidad de intervenir urgentemente en esta empresa", insistió Romaní, quien se amparó en la complicada situación que atravesaba esta sociedad dedicada a servicios de alimentación y catering. "Había que conseguir salvar los puestos de trabajo e impedir que Manuel García Gallardo [presidente de Quality y ex destacado militante del PP] empeorase la situación de la empresa", afirmó el concejal popular.

A esta explicación, que publicó ayer Diario de Cádiz, se agarró Romaní para justificar que el ex delegado Miguel Osuna, el primer teniente alcalde de Cádiz, Enrique García Agulló, y él mismo desoyeran la negativa de la Abogacía del Estado a que la Zona Franca adquiriese el 23 de diciembre de 2003 la mayoría del capital social de Quality Food.

El abogado del Estado Manuel Ponce no apoyó la adquisición del 52 % de las acciones de la empresa de servicios de alimentación y catering. A cambio, propuso que la Zona Franca interviniese en esta empresa a través de un préstamo y siempre después de que dos auditorias detallasen la situación financiera y el valor de esta sociedad. De los cuatro cargos del comité ejecutivo de la Zona Franca, los populares Osuna, Romaní y García Agulló desoyeron a la Abogacía y acordaron la compra de Quality mediante el pago de 4,6 millones de euros financiados con fondos públicos. Sólo José Ramón Pérez Díaz Alersi, representante del Estado, se abstuvo.

Para justificar esta compra, Romaní adujo que a la Abogacía del Estado "se le consulta muchas veces y se pide su asesoramiento (...) pero no tiene derecho a voto en el comité ejecutivo de la Zona Franca y sus intervenciones no son vinculantes". Esta declaración contrasta con el valor que le han dado los dirigentes del PP a los dictámentes y recomendaciones de la Abogacía del Estado desde que estallaron los escándalos en este organismo en 2001. Los ex delegados Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna siempre afirmaron que actuaron con el asesoramiento y el visto bueno de la Abogacía.

Sin embargo, hasta en tres ocasiones -dos veces por los polémicos contratos millonarios de la plataforma Rilco de Zona Franca o con Miami Free Zone para crear una red informática que no existe y ahora con la compra de la firma Quality Food- los cargos del PP actuaron al margen de este órgano jurídico del Estado.

En su intento por justificar esta actuación, Ignacio Romaní añadió que actuaron "urgentemente" para evitar que García Gallardo finiquitase la empresa. "Si le hubiéramos dado más tiempo, habría desmontado Quality Food", dijo el edil popular. Con todo, la urgencia de la compra aludida ayer no se adujo cuando se consumó la operación e incluso el PP dijo siempre que sólo se percataron de las irregularidades que cometió García Gallardo cuando adquirieron la mayoría del capital y comenzaron a controlar esta empresa.

Juzgados

Romaní sostuvo además que el tiempo les ha dado la razón de que actuaron "correctamente" en esta operación. "Los juzgados han dado la razón al Consorcio de la Zona Franca en las demandas que se presentaron tras descubrir las irregularidades", defendió este concejal. Sin embargo, en sus explicaciones, el dirigente popular no valora en ningún momento que la compra de esta sociedad ha provocado desde entonces a las arcas del recinto fiscal un quebranto económico superior a los 30 millones de euros, según los cálculos financieros de la Zona Franca.

Por su parte, PSOE e IU insistieron ayer en preguntar a la alcaldesa de Cádiz y presidenta de la Zona Franca, Teófila Martínez, si conoció la actuación de sus dos concejales al margen de las recomendaciones de la Abogacía del Estado. Martínez no se pronunció tampoco ayer sobre esta polémica compra.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 19 de mayo de 2005