Una manifestación en La Paz exige la nacionalización de los hidrocarburos
Al menos 2.000 manifestantes ocuparon ayer el centro de La Paz e intentaron acceder a la plaza Murillo, donde se encuentran los edificios del Congreso y del Gobierno, protegidos por un millar de policías. Los manifestantes llegaron en una marcha desde la ciudad de El Alto, aledaña a La Paz, convocada por la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), que demanda el cierre del Congreso y la renuncia del presidente de Bolivia, Carlos Mesa. La Fejuve alteña, además, reclama la nacionalización de los yacimientos de petróleo y gas natural del país.
La ley de Hidrocarburos, la madre de todo el conflicto, debería ser aceptada o vetada hoy por Mesa. El texto, ya aprobado por las Cámaras, prevé un impuesto especial del 36% sobre la producción de hidrocarburos, más un 18% sobre las regalías. Mesa considera que la normativa es abusiva con las compañías petroleras extranjeras y que pone en jaque el futuro económico del país.
La multitud que colapsó el centro de la capital andina se dividió en varias columnas, que acosaron a los policías que impedían el paso a la plaza Murillo o plaza de Armas. Los agentes lanzaron gases lacrimógenos y agua contra los manifestantes, que chocaron contra los grupos de policías parapetados en todas las bocacalles que dan acceso a la plaza. Tras casi una hora de asedio, los alteños se retiraron y se diseminaron por las calles del centro paceño.
El segundo jefe de la Policía boliviana, Héctor Frías, dijo que un guardia resultó herido en la cabeza por una pedrada lanzada por los manifestantes. Las autoridades informaron también de que una persona fue detenida, acusada de manipular explosivos, y aseguraron que no se han registrado daños personales entre los manifestantes, salvo los efectos causados por las bombas de gas lacrimógeno. Además de las protestas en La Paz, medio millar de campesinos iniciaron ayer una marcha desde la población de Caracollo, a 200 kilómetros al sur, y los cooperativistas mineros bloquearon las carreteras de la zona occidental de Bolivia, en ambos casos para exigir la nacionalización de los hidrocarburos.
El presidente Mesa ha decidido, aparentemente, mantener el suspenso sobre el futuro de la ley de Hidrocarburos hasta el medio día de hoy, cuando expira el plazo que la Constitución otorga para que el Ejecutivo sancione una ley. Mesa y sus más estrechos colaboradores se reunieron el sábado y el domingo a puerta cerrada, sin que haya trascendido decisión alguna respecto a una ley que no convence a ninguno de los sectores involucrados. La principal crítica es que la normativa adolece de una estrategia para hacer posible que el negocio del gas natural -del que Bolivia posee importantes reservas- beneficie a todos, y se centra más bien en la distribución de las utilidades de una explotación que, cada vez, parece más dudosa para los inversores.
El presidente Mesa puede hoy aprobar, vetar o hacer modificaciones concretas al texto legal. El presidente del Congreso, Hormando Vaca Diez, anunció que las posibles modificaciones del presidente se estudiarán en la sesión de hoy. De acuerdo con la Constitución, las Cámaras podrán aceptar las modificaciones por simple mayoría y devolver al Ejecutivo la ley para que la sancione en 10 días. Si el Congreso declarara infundadas las observaciones del Ejecutivo por dos tercios de los votos (104 de los 157 escaños), la ley será devuelta sin modificaciones al Ejecutivo. Si éste no la sancionara en los 10 días siguientes, el Congreso tiene atribuciones para promulgarla.
