A vueltas con las balanzas fiscales

El debate sobre la reforma de algunos estatutos de autonomía (el catalán muy en especial) ha reabierto la cuestión del reparto de la financiación autonómica y la cuestión (distinta, pero relacionada), de las balanzas fiscales. La primera es mucho más compleja, porque aborda aspectos como capacidad de recaudación, cesión de tributos, capacidad real de modificación de las políticas fiscales, y criterios de reparto de los fondos comunes. La cuestión de las balanzas fiscales es en teoría más simple, porque se reduce al debate en torno a la idoneidad de un instrumento contable y de las cifras que arroja. Lo cierto es que, aunque deberíamos separar ambas cuestiones, los datos reales de estos saldos son los que alimentan el debate sobre financiación autonómica. Este tipo de balanzas puede ser un instrumento útil para el debate político, aunque están muy limitadas por diversas razones. La primera y más importante es que no recogen todos los efectos de la pertenencia a un mismo país. El desarrollo industrial de Cataluña en el pasado se ha visto beneficiado por su pertenencia a España, porque ello le permitió acceder en mejores condiciones que otros competidores a un mercado casi cerrado. También pudo acceder a mano de obra abundante y barata o a la financiación de su inversión privada con ahorro de otras partes de España. Es difícil y poco útil hacer todas estas cuentas, pero limitarse a los saldos fiscales supone una cortedad de miras obvia.

Asumidas las limitaciones del saldo fiscal como argumento finalista, creo que más importante que el saldo mismo son los factores que lo determinan. Por ejemplo, en el lado de los ingresos estatales, en la medida en que los individuos de mayores ingresos paguen más impuestos, tenderán a tener un "saldo fiscal individual" negativo, y este efecto se trasladará a las agregaciones de individuos, de forma que, por ejemplo, Cataluña tendrá un peor saldo que Extremadura. Hay que tener cuidado con este tipo de razonamientos, porque este mismo argumento se puede utilizar para comparar provincias, comarcas, municipios o barrios, de forma que terminaríamos en el sinsentido de los saldos individuales que liquida, no ya la política fiscal progresiva, sino cualquier idea de política social.

Si miramos el lado del gasto público, debemos distinguir claramente gastos corrientes de inversiones productivas. En el lado de los gastos corrientes se suele asumir que al menos un cierto nivel mínimo de prestaciones debe estar garantizado para todos los españoles en igualdad de condiciones, lo que no está reñido con la autonomía, porque debe entenderse en un sentido amplio: cada comunidad puede decidir si quiere dedicar su dinero a mejorar la sanidad o la educación, por ejemplo, pero si dispone de mucho más dinero para todos los servicios por el mero hecho de ser más rica, el incentivo a la desagregación extrema vuelve a estar claro.

La cuestión de la inversión pública es quizá la más espinosa, porque en ella pueden colisionar dos criterios básicos como son la eficiencia (hacer la inversión donde es más rentable) y la equidad (hacerla en la zona más pobre, para promover su desarrollo). Los datos de licitación estatal en los últimos nueve años que se adjuntan no parecen apuntar a la existencia de un criterio de reparto claro, y las amplias discrepancias existentes entre comunidades alimentan su interés por asegurar una financiación mínima para las inversiones en su territorio.

La legítima aspiración del Gobierno catalán de mejorar los servicios públicos y las infraestructuras que disfrutan sus ciudadanos no debería plantearse como una limitación absoluta a la solidaridad, sino como un replanteamiento de ésta, relacionándola con lo que cada cual aporta, y no con lo que cada cual recibe. Quizá unos criterios más claros en el reparto de la inversión estatal a medio plazo y la tendencia a un mayor peso de la población en el reparto de la financiación autonómica contribuirían a facilitar puntos de encuentro en el lado del reparto de los fondos. En cuanto a su captación, la reforma fiscal debe centrar sus objetivos en mejorar la eficiencia del conjunto del sistema, y no parece que pueda ayudar la creación, en el conjunto de España, de sistemas fiscales diferentes compitiendo entre sí.

Pedro Saura García es portavoz de Presupuestos del Grupo Parlamentario Socialista y diputado por Murcia.