Torturas y democracia
No se entiende que un Gobierno que abomina oficialmente de la tortura envíe docenas de sospechosos de terrorismo a países donde ésta es un procedimiento rutinario. Sin embargo, ése es el modus operandi de Estados Unidos, que, sobre todo desde el 11-S, aunque la práctica comenzara muchos años antes, ha acelerado la entrega de presuntos terroristas a Egipto para su detención e interrogatorio, según revela sin haber sido desmentida la organización Human Rights Watch.
Importa muy poco si los agraciados con tan macabro boletín de viaje son egipcios o han nacido allí, caso de la mayoría. Y se da por supuesto que no han sido facturados a El Cairo con el propósito explícito de someterles a suplicio. Pero el procedimiento -parte de un repertorio de destinos que incluye acrisoladas democracias como Jordania, Marruecos, Yemen, Arabia Saudí o Siria- es tanto más inadmisible cuanto que el propio Departamento de Estado de EE UU, en su más reciente informe sobre derechos humanos, concluye que en Egipto "sigue siendo habitual y persistente la tortura y el abuso de los detenidos por parte de la policía, las fuerzas de seguridad y el personal de prisiones".
Egipto es un régimen dictatorial maquillado ahora por la última ocurrencia de su eterno presidente, Hosni Mubarak, para aparentar que en las próximas elecciones se podrá votar a algún candidato que le haga sombra, pese a que se excluyen los independientes y los adversarios del régimen. No puede ser argumento que Washington exija antes que los sospechosos no serán torturados, ni que Mubarak los reciba con los brazos abiertos en aras de su propia lucha interna contra el terrorismo islamista. Bush, teórico campeón de las libertades, ya tiene en su propio país un historial suficientemente equívoco a propósito de los procedimientos legales antiterroristas. Su credibilidad es incompatible con predicar la democratización del mundo árabe y a la vez utilizar a sus dictadores como carceleros.
