Energía nuclear: de la opacidad a la transparencia

Desde el año 1993 Vandellòs II viene degradándose. Durante más de una década ha habido problemas de corrosión, se han degradado los servicios esenciales de la central, se ha invertido en seguridad menos que nunca, el titular ha ocultado información, el CSN ha reaccionado tarde, y se ha abierto una crisis sin precedentes en el organismo supervisor de la seguridad nuclear en nuestro país.

Ha pasado lo que algunos temíamos: se ha primado el criterio de rentabilidad económica por delante del principio sagrado de la seguridad. En cinco años ha habido una disminución del 62% por ciento de la inversión en seguridad. En el 2002 los controles pasaron de ser anuales a realizarse cada 3 años. La consagrada competitividad y la reducción de costes ha arrastrado a algo tan sagrado como la seguridad en el terreno nuclear.

Lo sucedido se puede explicar con un ejemplo: supóngase el caso de un vehículo que está circulando y de repente deja de funcionar el freno de pie por falta de mantenimiento de su propietario. En un análisis de riesgo se podría tener en cuenta el uso del freno de mano como método válido para parar el vehículo. Sin embargo, nadie en su sano juicio volvería a conducir el coche en condiciones normales sin freno de pie. Pero a la responsabilidad original del propietario se le suma la del inspector. Es evidente que si un vehículo con graves deficiencias en el freno de pie pretende pasar la ITV del coche, la autoridad responsable prohibirá inmediatamente circular en estas condiciones. Pues bien, la central no solo funcionó con serias dudas sobre el freno de pie -los trenes de refrigeración-, sino que además se dejó que funcionase conociendo o pudiendo conocer su deterioro. Y para colmo, la denuncia provino de un transeúnte preocupado por la seguridad del vehículo.

Está claro que en el incidente que nos ocupa ha habido una preocupante dejadez por parte de los titulares de la central. Y aquí nos debería asaltar el primero de los interrogantes: ¿una empresa que hace dejación de sus funciones debe continuar ejerciendo dicha responsabilidad? Pero más allá de las responsabilidades del titular de la central, las del órgano supervisor también son inexcusables. Todo indica que el CSN no ha actuado con toda la diligencia. No tiene sentido que tras la ruptura del sistema de refrigeración primario se permitiese el normal funcionamiento de la central sin ordenar su parada (recordemos que justamente antes de que Vandellòs se conectara a la red, la central remitió sus comprobaciones del sistema averiado al CSN, que, sin revisarlas, autorizó a la planta a subir la potencia del reactor). Mas aún existiendo una profunda corrosión del tren secundario, y sin haberse realizado las pruebas de supervisión en los años que correspondía -prueba hidrostática del año 1999-. ¿Cómo es posible que el CSN primero diera el visto bueno y que 8 meses después juzgara insuficientes las reparaciones llevadas a cabo por la central? ¿Es razonable que la función de control se deba más a las reiteradas denuncias de Greenpeace y Ecologistas en Acción que a la información en tiempo real de los supervisores de la central? La gota que colma el vaso, después de lo sucedido, es el intento de ocultar información o evitar la publicación de informes demoledores. El único objetivo de esta práctica es la protección de aquellos titulares sobre los que paradójicamente la presidenta del CSN, Mª Teresa Estevan Bolea, dice haber perdido toda confianza.

Conclusión: la responsabilidad política de la máxima autoridad del CSN es inexcusable, aunque lo trascendente sea la creación de los mecanismos necesarios para que esta situación no se vuelva a producir. Cuando los servicios esenciales de una central se corroen sin que pase absolutamente nada, las responsabilidades se deben asumir, para acto seguido implementar instrumentos que garanticen mayor y mejor control, transparencia, información y participación. Para ello habría que llevar a cabo una serie de reformas en profundidad; para un mayor control se debería crear un Comité Asesor Técnico independiente con el fin de asesorar y supervisar técnicamente la gestión del CSN. Su composición debería ser plural, con profesionales de reconocido prestigio, miembros de entidades ecologistas, así como por representantes de las comunidades autónomas y de municipios afectados, con lo cual también se aumenta la participación de los diferentes sectores sensibilizados con la materia. Debe haber un marco para que estos sectores, y en definitiva, la sociedad civil, dispongan de la información a tiempo real. Por otra parte, y con el fin de aumentar la transparencia, se debería garantizar la confidencialidad a aquellos trabajadores que denuncien problemas de seguridad, tal y como ya sucede en los EE UU. No puede ser que la Asociación de Personal con Licencia de Operación de Control, APLOC, se decida ahora a denunciar a los directivos de Vandellòs, mientras que si lo hubiera hecho cuando apareció la fuga, podrían haber forzado la reparación del sistema de refrigeración en aquel instante.

Con frecuencia se afirma que la energía nuclear es barata (olvidándose de los costes del tratamiento de unos residuos que van a durar centenares o miles de años, del ahorro en seguridad y de una responsabilidad civil que no asumen). Está claro que hasta el momento, la tentación del máximo beneficio ha pesado más que la excelencia en la seguridad. Lo sucedido en Vandellòs es grave, pero es solo la punta del iceberg de unos modelos de gestión de la seguridad muy preocupantes. No es solo que las luces de alerta no se hayan disparado; es que no existían todos los instrumentos para que se pusieran en marcha. En este contexto, el compromiso de cierre de las centrales nucleares asumido por Rodríguez Zapatero debe dejar de ser un compromiso genérico. La reforma del CSN es ineludible, para acto seguido empezar a hablar de un calendario de cierre para las nucleares.

Joan Herrera es portavoz de Izquierda Verde (IU-ICV).