Las desaladoras que sustituyen el trasvase no estarán en funcionamiento antes de 2007

Las desaladoras anunciadas por el Ministerio de Medio Ambiente para sustituir el trasvase del Ebro darán agua, en el mejor de los casos, a finales de 2007. El Gobierno ha licitado la redacción de los proyectos, pero la construcción no empezará antes de 2006, según la empresa pública Acuamed. Además, el Gobierno aún negocia cuántas desaladoras construirá. Hace un año anunció 17 nuevas desaladoras y obras de reutilización de agua y modernización de regadíos. Actualmente, Acuamed ha agrupado varias de las desaladoras y planea dos nuevas. En la última revisión, el plan contempla 16 nuevas desaladoras. Medio Ambiente afirma que el trasvase del Ebro no hubiera llegado antes de 2008.

Repasar el estado del Programa AGUA (Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua) no es sencillo. El plan, aprobado en septiembre de 2004, incluía 103 obras entre nuevas desaladoras, remodelación y puesta en marcha de antiguas plantas, modernización de riegos y reutilización de agua para llevar más de 1.000 hectómetros cúbicos a Málaga, Almería, Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña con una inversión de 3.100 millones de euros. La cantidad de agua era similar a la que aportaría el trasvase del Ebro, derogado por el Gobierno socialista al llegar al poder.

El Ministerio de Medio Ambiente encargó la ejecución del 80% de las obras a la empresa pública Acuamed. Ésta ha licitado los proyectos informativos de todas las obras. Pero el plan está sujeto a cambios. El director general de Acuamed, Adrián Baltanás, reconoce: "El número de desaladoras no está cerrado. Hay algunas desaladoras que se reagrupan y aparecen otras nuevas conforme estudiamos con los usuarios sus necesidades".

Desde que el Gobierno derogó el trasvase del Ebro mediante un decreto ley, el 18 de junio pasado, Baltanás ha negociado con ayuntamientos, diputaciones y regantes cuánta agua necesitan y cuánta están dispuestos a pagar.

Puesta en marcha

El Gobierno anunció 17 desaladoras nuevas y la puesta en marcha de tres plantas ya construidas (Marbella, Carboneras y San Pedro del Pinatar). La última revisión del programa prevé la construcción de 12 plantas: Campo de Dalías, Águilas, Mazarrón, San Pedro del Pinatar, Pilar de la Horadada, ampliación de la de Alicante, Denia, Jávea, Sagunto, Oropesa, Barcelona y ampliación de la de Tordera. Además prevé desalobradoras (que cogen agua muy salina aunque no de mar) en Málaga, Adra y la Vega Baja del Segura, en Alicante, según Acuamed.

La empresa ha licitado entre noviembre y marzo los proyectos informativos de todas las obras, pero en ningún caso comenzarán a construirse antes de 2006. Baltanás afirma que los plazos son insalvables: "En muchas obras partimos de cero y la adjudicación lleva su ritmo". Baltanás insiste en desvincular el programa de las desaladoras de la sequía: "Este plan sustituye al trasvase, que tenía previsto llegar en 2008 aunque mi opinión es que nunca se hubiera podido hacer". La alternativa del Gobierno prevé también obras de reutilización de agua y de modernización de regadíos para ahorrar agua, algunos de las cuales han sido declaradas de emergencia y estarán en un año.

El precio del agua desalada oscilará entre 12 y 30 céntimos de euros por metro cúbico para regadíos y 30 a 50 céntimos para consumo, según Baltanás. Medio Ambiente ha rebajado su pretensión inicial de cargar en el precio del agua todo el coste de la obra.

Los Gobiernos de Murcia y la Comunidad Valenciana, del PP, critican que el Gobierno no haya comenzado las obras para paliar y afirman que el Programa Agua no es una alternativa clara al trasvase del Ebro. Sus presidentes, Ramón Luis Valcárcel y Francisco Camps, han mantenido una veintena de reuniones para reivindicar la ejecución del proyecto derogado y denunciar que el programa del Gobierno es insuficiente para cubrir el déficit hídrico, especialmente en la cuenca del Segura.

Los dos Gobiernos insisten en que trasvase del Ebro es imprescindible para garantizar el desarrollo de las autonomías, que recurrieron al Tribunal Constitucional la supresión del trasvase. La defensa del trasvase se ha convertido en un eje del discurso del Gobierno valenciano, que ha aprobado la reserva del suelo destinado al trasvase para mantenerlo libre de otras infraestructuras. Además ha presupuestado 700.000 euros para dar cobertura jurídica a particulares o entidades que recurran la derogación del proyecto.

La Generalitat valenciana argumenta que el plan del Ministerio de Medio Ambiente se nutre principalmente de actuaciones ya previstas en el Plan Hidrológico Nacional, que aprobó el PP, y "unas cuantas desaladoras" que causarán un importante impacto ambiental. Además, considera que los ahorros en modernización y reutilización de aguas residuales aportarán menos recursos de los previstos. El Gobierno valenciano también critica que el agua prometida tardará en llegar porque aún no se han iniciado obras.

Pese a su defensa del trasvase, la Generalitat ha mostrado en los últimos meses su voluntad de colaborar con Acuamed en la ejecución de parte de las obras. En esta actitud ha influido que algunos empresarios han pedido acuerdos de las Administraciones para invertir en obras que aporten recursos hídricos, y los signos de agotamiento del discurso de enfrentamiento constante por el trasvase del Ebro. El Gobierno de Murcia, que en principio bloqueó todos los proyectos, acabó llegando a acuerdos también tras la presión de los empresarios.