Agricultura plantea condicionar las ayudas de la PAC al cumplimiento de las normas de seguridad

La Consejería de Agricultura y Pesca está estudiando la posibilidad de condicionar el cobro de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) al cumplimiento de la normativa laboral en el sector agroindustrial. El anuncio, realizado el pasado jueves por el consejero Isaías Pérez Saldaña, se ha recibido con ciertos recelos por las organizaciones agrarias, en especial por Asaja, que la ha calificado como un "brindis al sol" y ha señalado que "la Junta no tiene competencias para hacer efectiva esa medida", siendo incluso necesario modificar la actual normativa de la PAC.

La iniciativa de la Consejería de Agricultura, que se hizo pública durante la Jornada Federal sobre salud laboral en el sector agroalimentario organizada por Comisiones Obreras y dos días después de la muerte de un agricultor de Jaén en accidente laboral, la justificó Pérez Saldaña en el hecho de que el respeto al medio ambiente y las condiciones de trabajo en las explotaciones agrarias "son miradas con lupa" por los mercados europeos, por lo que consideró que Andalucía "no puede flaquear" en ninguno de los dos aspectos y ha de poner en marcha las medidas necesarias que "contribuyan a garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad" en el campo andaluz.

El consejero añadió que el futuro de la agricultura y del sector agroindustrial pasa, no sólo por garantizar la calidad de las producciones, sino por fomentar entre los empresarios la cultura de la prevención, prestando especial atención a los asalariados que trabajan en el sector agroalimentario, con gran presencia de población inmigrante.

Pérez Saldaña recordó algunas de las medidas puestas en marcha por la Junta de Andalucía para atajar el índice de siniestralidad que padece la comunidad autónoma y resolver los problemas laborales que se presentan en el campo andaluz.

Entre ellos citó la aprobación por el Consejo de Gobierno del pasado martes del anteproyecto para la creación del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, así como la firma con el Ministerio de Trabajo de convocatorias extraordinarias del Aepsa (antiguo Plan de Empleo Rural, PER) para solventar la falta de trabajo en el sector agrario provocadas por la reducción de producción tras las heladas de los pasados meses de enero, febrero y marzo.

El consejero garantizó el mantenimiento de un marco de interlocución estable con el Gobierno central y los agentes sociales para contrarrestar, en la medida de lo posible, los efectos negativos sobre el empleo agrario.

Según los datos de Pérez Saldaña, en Andalucía el 52% del trabajo es asalariado, mientras que en España esta cifra se sitúa en el 32%. El sector agroalimentario andaluz tiene un marcado carácter familiar y una alta necesidad de mano de obra, sobre todo en sectores como la horticultura de la provincia de Almería, los cultivos de fresa de Huelva o los subtropicales, cítricos y frutales de hueso.

En conjunto, son más de 6.200 empresas las que trabajan en la agroindustria, cuya inversión representa el 33% del sector industrial. Esta "revolución silenciosa", como la denominó el consejero, "ha hecho posible la incorporación laboral de la mujer y el desarrollo del mundo rural, lo que está permitiendo la cohesión territorial y social de Andalucía".

Sin competencias

No obstante, la propuesta del consejero se ha recibido con ciertos recelos entre las organizaciones agrarias. La más crítica ha sido Asaja, cuyo secretario general en Sevilla, Miguel Afán de Ribera, la ha calificado como un "brindis al sol", ya que, según recordó, "la Junta no tiene competencias para hacer efectiva esa medida e incluso sería necesario modificar la actual normativa sobre Política Agraria Común (PAC)", informa Europa Press.

"Debemos estudiar con detenimiento cuáles serían los requisitos de esa medida de retirada de ayudas y qué condiciones se aplicarían, aunque es verdad que estamos a favor de la tolerancia cero contra los accidentes", apuntó el dirigente de Asaja, que advirtió de que "después será necesario comunicarlo a Bruselas, pues la PAC no lo contempla en su actual reglamento".