Letras al vencimiento

LA PROPUESTA DE LA GENERALITAT de un nuevo sistema de financiación para Catalauña- que sería incluido en la reforma en curso de su Estatuto- ha sido acogida con recelo por el Gobierno de Zapatero. Algunos presidentes autonómicos han expresado ya de manera abierta-e incluso airada, como el extremeño Rodríguez Ibarra-su disconformidad. Ese complejo sistema descansa en varios pilares: agencia tributaria propia, capacidad normativa sobre todos los impuestos recaudados, cesión al Estado de un máximo del 50% de los tributos compartidos (IRPF, IVA e impuestos especiales y de sociedades), solidaridad territorial en función de las necesidades de gasto y del esfuerzo fiscal, inversiones estatales en infraestructuras proporcionales al PIB, equiparación gradual con los resultados del Concierto vasco en el plazo de 15 años, distribución por la Generalitat de la financiación local entre los ayuntamientos y compensación por el déficit fiscal acumulado en el pasado.

La propuesta de la Generalitat para establecer un nuevo sistema de financiación autonómica es acogida con recelo por el Gobierno y rechazada abiertamente por los presidentes de varias comunidades

Era inevitable que las letras territoriales aceptadas por el presidente Zapatero en el debate de investidura presidencial fueran presentadas al cobro por sus acreedores a lo largo de la legislatura; la ambigüedad mantenida hasta ahora por el Gobierno respecto a los perfiles concretos de su modelo de Estado probablemente haya creado falsas expectativas, promovido peligrosos equívocos y cultivado enconados agravios. A este primer vencimiento -el modelo catalán de financiación autonómica- seguirá de inmediato el compromiso de solucionar la financiación de la Sanidad, punto central de la Conferencia de Presidentes Autonómicos del mes de julio. A la vez, prosigue su imparable marcha la reforma estatutaria no sólo de Cataluña y el País Vasco, sino también de Andalucía, Valencia, Baleares, Aragón y Valencia. La acomodación del Senado a sus funciones como Cámara de representación territorial formará parte de la reforma de la Constitución, pendiente aún del dictamen del Consejo de Estado.

Los pronunciamientos en torno a la propuesta de la Generalitat que apelen de manera abstracta a criterios intemporales de justicia corren el riesgo de condenar el debate a un callejón sin salida. El desgraciado arranque de la polémica acerca del nuevo modelo de financiación confirma que los diagnósticos sedicentemente objetivos suelen encerrar envenenados juicios de valor, sea la apelación victimista al expolio fiscal sufrido por Cataluña en favor de la España subsidiada, sean las diatribas contra el egoísmo insolidario de las comunidades más ricas. Los conflictos de intereses materiales, las identificaciones simbólicas excluyentes, las diferentes interpretaciones dadas por los expertos a las cifras manejadas en la discusión y a la metodología para calcularlas, la variedad de puntos de vista capaces de establecer comparaciones significativas y los sesgos ideológicos de las visiones historiográficas del pasado sitúan la confrontación dialéctica sobre la financiación autonómica en las antípodas de los debates académicos y las discusiones científicas.

Pero el escepticismo sobre las posibilidades de alcanzar conclusiones ciertas -evidentes por sí mismas- en este género de polémicas no debería impedir la búsqueda de soluciones racionales a través de los procedimientos de negociación de conflictos propios de los sistemas democráticos. La discusión bilateral entre el Gobierno de Zapatero y la Generalitat no cumple los requisitos exigibles para ese propósito. La historia de los últimos veincinco años tiñe de anacronismo la idea del encaje de Cataluña dentro de España que la generación de Joan Maragall tomó como meta de sus esfuerzos. El interlocutor del Gobierno catalán -o del Gobierno vasco- no es ya el Estado centralista construido por Franco sobre la herencia del absolutismo borbónico, el liberalismo isabelino y la Restauración, sino el Estado de las Autonomías, una estructura político-administrativa de contenido federal que deberá ser el marco constitucional y democrático para decidir los futuros reajustes en la distribución territorial del poder.