El 73,6% de las víctimas mortales de malos tratos no los había denunciado

La violencia doméstica enterró en 2004 cien vidas, tres menos que en 2003. Quince de las víctimas eran menores (nueve niñas y seis niños). La mayoría, 84, eran mujeres. De éstas, 69 fueron asesinadas por su pareja o ex pareja. En estas cifras ofrecidas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su informe anual sobre violencia doméstica, asoma una especialmente inquietante: los jueces no tenían constancia de denuncias de malos tratos en el 73, 6% de los casos.

El nuevo informe revela la permanencia de un alto porcentaje de maltrato doméstico sumergido o que se mantiene en la zona oscura del anonimato. "Es preocupante que exista ese 73,6% de casos en los que no había conocimiento judicial ni denuncias de malos tratos", afirma la magistrada Montserrat Comas, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica del CGPJ. "Eso significa que la lacra de la violencia doméstica no ha emergido todavía en nuestra sociedad y que hay cifras negras sobre violencia doméstica que necesitamos conocer y erradicar", añade Comas.

Dentro de esta estadística mortal sobrecogen los asesinatos de 15 menores, nueve niñas y seis niños. Comas subraya que el informe confirma el carácter de violencia de género de estas muertes: "En conjunto, se producen en el ámbito familiar o de pareja y el agresor, en un 93, 4% de los casos, es un hombre. E incluso cuando la víctima es un hombre, el agresor no siempre es una mujer. Suele ser un hombre", agrega.

A la luz del informe, el perfil de la víctima se mantiene: mujer entre 30 y 40 años y española. El 72% de las víctimas tenía o había tenido relación de pareja con su agresor. Sólo en el 22% de las muertes el agresor y la víctima eran extranjeros. Los casos de muertes violentas en el ámbito de la relación paterno-filial alcanzaron el 21%.

Antecedentes escasos

Sólo en algo menos de un tercio de los casos (un 26,4%), constaban antecedentes por violencia doméstica. Dentro de este porcentaje, el 81% de los atestados se inicia por denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ante el órgano judicial. Comas señala que el informe evidencia que desde el 1 de agosto de 2003, en que entró en vigor la orden de protección, se han incrementado las medidas cautelares. En 2004 se adoptaron medidas en el 79,2% de los casos con procedimientos previamente incoados. Este incremento de medidas supone el 100 por cien respecto al año anterior. "En la vertiente negativa, hay que recordar diez casos en los que, a pesar de contar con medidas cautelares en vigor, no se pudo evitar el asesinato de la víctima al quebrantar el agresor estas medidas", dice Comas.

La presidenta del Observatorio contra la violencia doméstica asegura que ha mejorado la asistencia letrada a la víctima gracias a los convenios establecidos entre el Ministerio de Justicia y las ocho comunidades autónomas con competencias transferidas y los colegios profesionales. Comas, no obstante, confía en que la inminente puesta en marcha, a partir de junio, de unidades policiales y otros recursos anunciados en la Ley Integral, "reduzcan estas insoportables cifras y mejoren las medidas de protección".

Las autonomías en las que se produjo un mayor porcentaje de muertes [por 100.000 habitantes] fueron País Vasco, Cantabria, Murcia, Comunidad Valenciana, Canarias y Andalucía.