La cuestión saharaui y los analistas españoles

Los saharauis pertenecemos a un pueblo que ha decidido escribir su propia historia. Amamos la libertad y no somos ni queremos ser parte de nadie ni entidad dentro de nadie. Compartimos con Marruecos y con las naciones árabes, pequeñas o grandes, lo que Guatemala y Costa Rica o Paraguay comparten con México o con Perú.

De ahí que el pueblo del Sáhara occidental sea un elemento ineludible en la ecuación del pasado, presente y futuro de la región. Los efectos sobre dicho pueblo de un entorno geográfico implacable, "mitigados" por una larga colonización que lo había empobrecido para al final dejarlo abandonado a su suerte, y el asalto directo de dos ejércitos extranjeros, no pusieron fin a su resistencia ni a su existencia.

Este conflicto que tanto daño hizo a los pueblos saharaui y marroquí debe y puede solucionarse. La comunidad internacional, con el acuerdo formal de Marruecos, se comprometió a organizar un referéndum de autodeterminación que permita al pueblo saharaui ejercer el derecho, básico e inherente a toda solución democrática, de elegir libremente su futuro. Hemos jugado de forma transparente y honesta las reglas del juego cumpliendo con las obligaciones adquiridas frente al Consejo de Seguridad. Al haber aceptado el Plan Baker, hemos ido mucho más allá de dichas obligaciones. Y lo hemos hecho por una sincera fe en la posibilidad de la paz para cuyo advenimiento había que pagar un precio, incluso superior al inicialmente pedido. La otra parte, un Estado que dice respetarse a sí mismo, decidió no respetar sus propios compromisos, y optó por retirarse del juego minutos antes del final del partido, cuando el referéndum de autodeterminación que había voluntariamente aceptado estaba a la vuelta de la esquina.

Los saharauis no podemos asumir la responsabilidad del fracaso de la ONU en hacer que Marruecos cumpla con la legalidad internacional y pagar otro precio como el de nuestra inserción a título de "entidad" en un país territorialmente demasiado goloso. El estancamiento actual del proceso de paz daña por igual a saharauis y a marroquíes, así como al conjunto de la región, por los enormes riesgos que conlleva para el ya fragilizado alto el fuego. Ello nos debe obligar a todos, España incluida, a hacer esfuerzos, a fin de reconducir el conflicto de la mano de la legalidad internacional -única pista confiable- hacia su solución justa y definitiva.

El liderazgo saharaui no puede ofrecer a Marruecos lo que no posee. La soberanía del territorio es un derecho del pueblo saharaui, y sólo él, a través de un referéndum, podría pronunciarse válidamente sobre ella. A su vez, el liderazgo marroquí no puede exigir la aceptación previa de los frutos de una conquista territorial al estilo del Tercer Reich, ya que sería altamente peligroso para todos, España incluida, admitir el principio de la geometría variable de las fronteras marroquíes que le permite a este país adueñarse tanto de lo que le pertenece como de lo que no le pertenece.

Marruecos aceptó voluntariamente la vía del referéndum de autodeterminación. Desde la lógica racional, resultaría más factible reanudar el proceso de aplicación de acuerdos que fueron mutuamente aceptados por las partes y bendecidos por la comunidad internacional que dejar que las cosas se pudran en espera de la ilusión, fomentada interesadamente por Marruecos, de la llamada solución "mutuamente aceptable", que, más allá de las apariencias semánticas, se recusa a sí misma por implicar la legitimación del principio de las fronteras de geometría variable.

Lo que el liderazgo saharaui sí podría ofrecer a Marruecos es analizar con voluntad positiva los posibles intereses económicos y preocupaciones de seguridad, sin perder de vista el interés estratégico saharaui en la edificación del Magreb y en el establecimiento de relaciones especiales con la comunidad de las naciones hispanoparlantes. Nuestros amigos marroquíes -único obstáculo en el camino- deben demostrar que en su país hay un nuevo talante democrático y que su vinculación a la paz y a la construcción magrebí ha reemplazado definitivamente al chovinismo irredentista.

No ser parte directa en un conflicto, sea cual fuera la naturaleza de éste, ofrece al experto que quiera analizarlo el inestimable privilegio de poder hacerlo con ecuanimidad objetiva. Esto viene a cuento del artículo de Bernabé López Entidad saharaui, identidades y nación (EL PAÍS, 23-4-2005), un intento lamentablemente abortado por lo que podría ser llamado "viejo interés mental creado" sobre la pertinencia de las reivindicaciones territoriales marroquíes, factor omnipresente en anteriores trabajos del mismo autor (EL PAÍS, 7-9-2004).

Una reflexión hoy sobre el Sáhara occidental, después de los ríos de tinta y sangre vertidos, que evite hacer una referencia a la legalidad internacional, vector esencial en la búsqueda de toda solución a un problema de descolonización, resulta ciertamente sorprendente. El autor renuncia a esta pista y la sustituye por una multiplicidad de caminos y veredas irregulares que acuden incluso a "la diversidad de la península Ibérica" para justificar la preeminencia de un "sentimiento nacional marroquí" frente a otro de simple "identidad saharaui", en detrimento de la existencia del pueblo saharaui, al que evita mencionar en toda la extensión del trabajo. Sostener que "los marroquíes no quieren ceder en su soberanía sobre el Sáhara" y que ello "se comprende" es resultado de lo anterior y emplaza al autor de la aseveración fuera del curso de la historia.

No hay nadie que haya reconocido esa pretendida soberanía, empezando por los propios marroquíes. Hassan II, que había aceptado el plan de arreglo y los acuerdos de Houston, la puso en tela de juicio cuando proclamó públicamente en dos ocasiones que " si los saharauis optaran en el referéndum por la independencia, sería el primero en abrir una embajada en Smara o en la ciudad que eligiesen como capital".

El actual liderazgo marroquí, en reflejo de los frecuentes vaivenes en la posición oficial, renegó en 2004 de este legado, a través del injustificado rechazo a los acuerdos de Houston y al Plan Baker. Si preguntamos a la Unión Africana sobre la cuestión de la soberanía, la respuesta es clara desde el momento en que la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) fue aceptada como Estado Miembro. A ello se suma el hecho de que para las Naciones Unidas la presencia marroquí en el Sáhara occidental no tiene carácter legal. El célebre dictamen del Tribunal de La Haya de 1975, reafirmado y complementado por el del Departamento Jurídico de 29 de enero de 2002, corrobora que estamos ante una mera ocupación sostenida por la fuerza, contra la voluntad del pueblo saharaui.

No es por ello razonable ignorar todo esto y al mismo tiempo asumir el riesgo de impartir consejos sobre cómo debe solucionarse un conflicto en la agenda del Consejo de Seguridad que mantiene hipotecado el futuro de toda la región magrebí. No teniendo arte ni parte en el conflicto que tanta sangre y destrucción trajo a los pueblos saharaui y marroquí, debería sin embargo facilitar un análisis objetivo que ayude a los dos pueblos a salir del atolladero del conflicto, entendiendo la objetividad, no como la resultante obligada de lo políticamente correcto.

España, desde sus potencialidades, puede efectivamente hacer una contribución de inestimable valor, no sólo por la dimensión bilateral con las componentes de la región, sino y sobre todo por un elemento que ninguna otra potencia posee. España debe ser parte en la solución del conflicto en cuyo desencadenamiento había tangible y significativamente contribuido. Hacerlo desde el clamor mayoritario de la opinión pública y de la doctrina de la ONU o desde la objetividad abortada de Bernabé López es una disyuntiva no despejada del todo.

Ahmed Bujari es representante del Frente Polisario ante la ONU.