Rodríguez de Castro ordenó a su letrado que no pagara al Tribunal de Cuentas

El ex delegado de la Zona Franca de Cádiz Manuel Rodríguez de Castro, del PP, ordenó a su abogado, José Antonio Bosch, que no pagara o avalara los 550.000 euros que el Tribunal de Cuentas le requiere por falta de justificación. Según Bosch, el ex delegado tiene "la certeza" de que "en ningún momento malgastó" el dinero. PSOE e IU volvieron a responsabilizar a la presidenta del consorcio, Teófila Martínez.

La Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas del Estado dictó una providencia el pasado 26 de abril en la que comunica a Rodríguez de Castro que inicia el embargo de sus bienes por la cantidad de 549.159 euros, dinero público que no ha devuelto y que, según el mencionado tribunal, gastó en viajes, comidas, regalos y asesorías sin la suficiente justificación entre 1997 y 2001.

Esta resolución del proceso de enjuiciamiento contable que inició hace tres meses el Tribunal de Cuentas para el "resarcimiento del dinero público" incluye una "posible derivación penal", según letrados del propio Tribunal y de la Abogacía del Estado.

José Antonio Bosch explicó ayer: "Se le requirió [al ex delegado] para pago y mi cliente, libre y voluntariamente, ha decidido que no iba ni a pagar ni a avalar ni a afianzarla. No tengo en última instancia la razón de por qué no puede, no tiene, no llega o no quiere. La instrucción que nos dio es que no se produjera la prestación del aval (...). Tiene la certeza de que le están exigiendo responsabilidades que no son suyas y se le están exigiendo cantidades que en ningún momento malgastó o mal utilizó. Trabajamos en el convencimiento de que se producirá una sentencia absolutoria".

Este letrado confirmó que su cliente reside entre México y Miami (Estados Unidos) y no quiso precisar si Rodríguez de Castro dispone de bienes susceptibles de ser embargables en España. "Ése es el trabajo que tiene que hacer el Tribunal de Cuentas y no voy a ser yo el que se lo haga. Es este órgano jurisdiccional el que establece un protocolo de búsqueda de bienes. Yo no le voy a dar la respuesta ni negativa ni positiva sobre esa cuestión", dijo Bosch, quien detalló que su cliente está "bastante fastidiado" porque considera "una auténtica condena el calvario que lleva viviendo por la dosificación de la información y al no poder defenderse porque no hay mayor injusticia que una justicia tardía".

Por su parte, PSOE e IU volvieron a exigir responsabilidades políticas a Teófila Martínez. "Le exigimos que responda porque ella lo nombró, lo defendió y lo avaló hasta hace escasamente dos meses", dijo Rafael Román, portavoz del grupo municipal del PSOE y diputado por Cádiz.

El diputado autonómico de IU Ignacio García pidió la destitución de Martínez como presidenta de la Zona Franca "porque no ha controlado lo que han hecho los gestores del PP".

La alcaldesa de Cádiz no se pronunció ayer sobre la providencia del Tribunal de Cuentas. En su lugar, el senador y teniente alcalde de Hacienda del Ayuntamiento de Cádiz, José Blas Fernández, dijo respetar la decisión de este órgano y recordó "las numerosas ocasiones" en la que "condenaron" la actitud de Rodríguez de Castro.

El actual delegado del Estado en la Zona Franca, José de Mier, aseguró a Efe que el embargo entra dentro de un proceso de un complejo sistema. "Como tampoco se dan tantos casos así, pues tal vez sorprenda, pero el hecho en sí es que, ya fijada la cantidad, el expediente continúa, aunque imagino que ellos se defenderán alegando la improcedencia de todo el expediente".

A juicio del delegado de la Zona Franca gaditana, lo que se ha visto hasta ahora es la "anécdota" porque, "en el fondo, lo que se plantea es un estudio en profundidad de lo que significó la inversión en Rilco [portal tecnológico creado por Rodríguez de Castro], que llevará a la demanda o denuncia correspondiente en los tribunales ordinarios".