Catalanes, ¿ricos e insolidarios?

El Gobierno "tripartito" de Maragall ha puesto encima de la mesa el modelo de financiación que propone para el nuevo Estatuto. Si uno lee estos días la prensa no catalana, especialmente la de Madrid, sacará la conclusión de que la propuesta es "insolidaria", "inaceptable" e "inconstitucional", y que lo que en realidad se propone es "vaciar de contenido al Estado" y "dinamitar la unidad de España". Si, por el contrario, se lee la prensa catalana, la conclusión es que la propuesta responde a los problemas de Cataluña, es aceptable, y que ahora lo que hay que hacer es hablar.

Así las cosas, el camino de la negociación hacia una solución aceptable para todos ha comenzado como no podía ser de otra forma, con mucho ruido y diferencias importantes en las posiciones de partida. Pero no nos debería asustar el ruido. Entre otras cosas porque, fuese cual fuese la propuesta catalana, habría sido cuestionada de inicio. Cambiar el statu quo, es decir, la realidad existente, siempre es visto como un drama por alguna de las partes. Sucedió lo mismo en otras ocasiones, comenzando por la propia puesta en marcha del Estado de las Autonomías, que fue visto por algunos como la disolución de la propia idea de España, y, sin embargo, ha sido un gran acierto al que ahora nadie quiere renunciar. Por lo tanto, no nos asustemos ni de la propuesta catalana, que, aunque elevada, no pide la Luna, ni del tono dramático con que ha sido recibida. Ahora comienza la verdadera negociación. Y a lo largo del camino se irán acercando posiciones, eso sí, en medio de un fuerte ruido.

Pero, mientras tanto, a todos nos conviene hacer un esfuerzo para comprender las causas de fondo que mueven al Gobierno de Maragall a proponer un cambio en el sistema de financiación, y diferenciar esas causas de la propuesta concreta que hace.

¿Qué les pasa a los catalanes? ¿Por qué han roto su tradicional buen sentido, su "seny"? ¿No será que la riqueza les ha hecho egoístas e insolidarios? Cuestiones como éstas he escuchado a lo largo de las últimas semanas en muchos lugares de España. En realidad, el problema de fondo es que los catalanes se ven a sí mismos cada vez menos ricos y más amenazados en su capacidad de crear riqueza y mantener sus niveles de vida.

La economía catalana crece sistemáticamente, desde hace un lustro, por debajo de la media española; el cambio tecnológico, la revolución de las comunicaciones y la globalización castigan especialmente a las economías basadas en industrias manufactureras tradicionales, como la catalana; las deslocalizaciones de empresas se ensañan especialmente con Cataluña, que estos días ve además cómo el poderío de China amenaza con llevarse por delante la industria y el empleo textil; la población inmigrante aumenta a mayor ritmo que en el resto de España, contribuyendo a deteriorar la calidad de los servicios públicos, como la educación pública, la sanidad o los transportes; la pobreza y la exclusión social comienzan a ser un fenómeno visible, especialmente en los barrios antiguos de las ciudades.

Frente a esta realidad económica nada satisfactoria, va creciendo la percepción social de que la economía y los ciudadanos que viven en Cataluña son discriminados por el Estado, tanto en gasto por habitante como en inversión pública. De hecho, el déficit histórico de inversión pública en Cataluña, admitido por el propio presidente Zapatero, es un cuello de botella que provoca la congestión de las infraestructuras de comunicaciones, daña la competitividad, disminuye el crecimiento y obliga a los catalanes a pagar peajes en mayor medida que en el resto de España. De ahí que, frente al tópico de una "Cataluña explotadora", cada vez sean más los catalanes que se ven como explotados. Esta percepción social permite comprender el por qué todos los partidos, hasta los que se supone menos proclives a cambios constitucionales, como el PP de Josep Piqué, comparten la necesidad de replantear el actual sistema de financiación.

¿Qué mecanismos tiene una comunidad para expresar que las cosas no van bien? Para comprenderlo podemos utilizar el símil de un matrimonio, ahora tan de actualidad, en el que una de las partes piense que la relación no va bien. Una conducta posible es amenazar al otro con el divorcio. Otra es utilizar la voz para hacer propuestas orientadas a mejorar esa relación. Y una tercera consiste en dejar que la relación se deteriore y surjan el hostigamiento y el maltrato mutuos. ¿En qué circunstancias se tenderá a ejercitar cada una de ellas? Cabe esperar que cuanta menos lealtad exista entre ambas partes, más probable será la tendencia a la separación; y, por el contrario, cuanta más lealtad, más se tenderá a utilizar el mecanismo de la voz. Por último, se puede esperar que cuando no sea posible la salida y tampoco se dé campo suficiente a la voz, la relación cotidiana se deteriorará y surgirá el hostigamiento mutuo. A pesar de sus limitaciones, este símil nos permite comprender la actual dinámica política española.

En mi opinión, Pascual Maragall ha optado por el camino de la voz, eso sí, elevándola, pero utilizándola dentro de un marco de lealtad a la relación con España. Pero veo con preocupación que esta lealtad no es percibida por muchos no catalanes.

Cuestión diferente de las causas que llevan a replantearse el sistema de financiación es el que se haya acertado con algunas de las propuestas que se han hecho. Llevados quizá por la frustración de ver cómo hasta ahora su voz no ha sido escuchada, y cómo algunas propuestas sensatas, como la de gestionar directamente el aeropuerto de Barcelona, chocaban contra la cerrazón de los altos funcionarios de la Administración central o de las agencias estatales, algunos han pretendido fijar topes máximos a la solidaridad con el resto de los españoles. Un error político, y una idea que no comparten la mayoría de catalanes.

Esa misma frustración con el pasado es la que puede explicar que ahora, en la propuesta presentada por el "tripartito", se opte por las reglas fijas -como la de limitar la aportación al Estado al 50% como máximo de lo recaudado por IRPF, IVA, impuestos especiales y sociedades- y se intente dar credibilidad a esas reglas introduciéndolas en el nuevo Estatuto. En principio, está en su derecho, dado que el Estatuto tiene un capítulo dedicado a la Hacienda autonómica. Pero esta estrategia

corre el riesgo de ser vista como un "trágala", una actitud que a lo largo de la historia ha hecho mucho daño a la convivencia. Quizá al "tripartito" le hace falta ser un poco más utilitarista, juzgar las instituciones por sus resultados, y no enrocarse en reglas fijas que por el solo hecho de estar en los textos estatutarios no garantizan su eficacia y, por el contrario, pueden generar un rechazo difícil de gestionar.

Estamos ante una negociación que es un juego complejo entre varios actores, cada uno con sus propios objetivos y estrategias. Cataluña es la que propone, y ha apostado fuerte de salida, buscando una cierta soberanía fiscal compartida con el Estado. El Gobierno de Zapatero va a dejar que otros, especialmente algunas comunidades autónomas, desgasten esa propuesta, hasta que, finalmente, pueda satisfacer las demandas catalanas, pero dentro de un marco de negociación multilateral; otras comunidades estarán a la espera sabiendo que lo que logre Cataluña habrá que extenderlo a las demás. El resultado final no es predecible a priori. Pero, en todo caso, no deberíamos tener miedo al conflicto ejercitado a través de la voz. De hecho, ese conflicto, cuando se desarrolla en un marco de lealtad mutua, es el cemento de la relación entre todos los españoles.

Pero, en cualquier caso, en el fragor de la negociación que se avecina no deberíamos perder de vista las causas que están detrás de la propuesta hecha desde Cataluña. Se trata de favorecer su crecimiento y de atender unas necesidades sociales y económicas objetivas. Que Cataluña crezca nos interesa a todos, porque eso es lo que garantiza que no haya ganadores y perdedores, y que desde Cataluña se pueda seguir contribuyendo a la mejora del nivel de vida de muchos otros españoles.

Antón Costas es catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona.