La Zona Franca detecta otros 100.000 euros más sin justificar

La gestión del PP al frente de la Zona Franca de Cádiz sigue arrojando nuevos agujeros contables. Una oficina del recinto fiscal gaditano en Madrid gastó 100.000 euros entre 1997 y 2001 sin que el ex delegado del PP Manuel Rodríguez de Castro y la única empleada de esa oficina hayan justificado los pagos que suman esta cantidad. La Abogacía del Estado ha incluido estos gastos injustificados en el proceso de enjuiciamiento contable que sigue contra el gestor popular, que tuvo que dimitir en 2001 ante las numerosas denuncias de supuestas irregularidades que trascendieron de su gestión.

La Abogacía del Estado y la Fiscalía del Tribunal de Cuentas del Estado interpusieron conjuntamente en noviembre del año pasado un procedimiento de enjuiciamiento contable y penal por presunta responsabilidad en varios delitos contables contra Rodríguez de Castro, a quien exigen que devuelva íntegramente los 606.000 euros que gastó "irregularmente" en viajes, hoteles, restaurantes, regalos, asesorías y mediante tarjetas de crédito y que no justificó durante su gestión al frente de la Zona Franca.

En esta denuncia para el "resarcimiento del dinero público", que incluye una "posible derivación penal" con penas de cárcel, los abogados del Estado han incluido los 100.000 euros que pagó y no justificó la empleada María Isabel Álvarez Blázquez, que fue contratada en 1996 por Rodríguez de Castro para "prestar servicios de administración de cuántas cuestiones pudieran plantearse en la ciudad de Madrid en las que tuviera interés el Consorcio". Según el abogado del Estado Manuel Ponce Arianes, la reclamación a esta mujer se presentó "por haber cobrado retribuciones derivadas del contrato con el Consorcio sin haber justificado previamente los gastos en que había incurrido".

Fuentes de la Zona Franca sostienen que estos gastos se cargaron a la cuenta de Rilco, una sociedad de la Zona Franca que ha provocado un quebranto económico a las arcas de este organismo fiscal, dependiente del Ministerio de Hacienda, de unos 12 millones de euros. La mayoría de estas pérdidas son achacables a los polémicos contratos millonarios que suscribió Rilco con Miami Free Zone y Telvent Interactiva. Estas dos sociedades ingresaron casi 7 millones de euros para crear una red informática de comercio que, según los técnicos de la Zona Franca, "no existe". Asimismo, bajo la gestión de Rilco, Rodríguez de Castro realizó numerosos viajes por países iberoamericanos, donde gastó elevadas sumas de dinero en hoteles, comidas, regalos y asesorías que luego no justificó ante el Tribunal de Cuentas.

La Abogacía del Estado estudia presentar en las próximas semanas varias querellas contra los ex delegados Rodríguez de Castro y Miguel Osuna por posibles delitos de malversación de fondos públicos, apropiación indebida, prevaricación y fraude.

Este nuevo escándalo generó ayer nuevas críticas del PSOE. El diputado por Cádiz y portavoz municipal socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Rafael Román dijo: "Estamos ante el enésimo escándalo de la Zona Franca. Espero que la justicia aclare todo lo ocurrido y que además de resarcir el daño causado, asuman sus responsabilidades políticas los dirigentes del PP que colocaron y avalaron el nombramiento de los ex delegados populares".

El PP de Cádiz no se pronunció ayer sobre estas nuevas irregularidades.