La UPV da el primer paso para paliar la carencia de personal no docente

La ampliación en 117 plazas del Personal de Administración y Servicios (PAS) aprobada la pasada semana por el Consejo de Gobierno de la UPV anuncia el principio del fin de la precariedad cuantitativa y cualitativa de un sector que ha marcado, y no para bien, el trabajo y la labor de la universidad pública desde su nacimiento hace 25 años.

Dos características definen la situación que ha vivido y vive el personal no docente de la institución: escasez e interinidad. La primera de ellas se ha reconocido y lamentado por los diversos equipos rectorales, el actual incluido. No en vano, la UPV arrastra el dudoso honor de ser la universidad pública española con la proporción más baja de personal no docente por alumno y por profesor. Todos los grupos, sensibilidades y estamentos académicos coinciden en denunciar que los 1.400 miembros con los que cuenta en la actualidad el PAS son a todas luces insuficientes para cubrir con garantías las necesidades del quehacer diario de la universidad en apartados tan importantes como la administración, la atención al alumnado, o el mantenimiento de los servicios informáticos y de los equipos e instrumental de los distintos laboratorios. Esta carencia ha potenciado además el uso de becarios para cubrir vacíos laborales, una práctica denunciada ante los tribunales y que acumula varias sentencias a favor de los demandantes.

Las reclamaciones hechas de forma constante por los sucesivos rectores al Gobierno vasco, el encargado de autorizar, y sufragar, las ampliaciones de personal, no han surtido efecto hasta ahora. De hecho, se han diluido ante la falta de interés o de dinero y la subordinación a otras necesidades consideradas como más prioritarias: profesorado, nuevos edificios, laboratorios...

Este problema se agudiza por la acusada temporalidad que define la situación laboral de la mayoría de estos trabajadores. En estos momentos, y según se reconoce desde el propio Rectorado, el 65% del personal no docente de la UPV no está fijo, lo que genera una situación de precariedad anormal y muy negativa. Hay que retroceder diez años para encontrar una explicación. Fue entonces, en 1995, cuando se convocó una Oferta Pública de Empleo (OPE) para aumentar la plantilla del PAS. Sin embargo, las pruebas de acceso se impugnaron por diversas irregularidades. Desde entonces no se ha vuelto a establecer ninguna otra oferta y este hecho ha disparado la inestabilidad laboral.

El equipo dirigido por Juan Ignacio Pérez pretende aprovechar la mejora que han experimentado las relaciones con el Ejecutivo autónomo desde su llegada para paliar estas deficiencias, que constituyen uno de los grandes problemas estructurales de la UPV. El primer ejemplo de los frutos del trabajo del equipo rectoral y de la mayor sintonía con el Gobierno vasco se ha materializado en las 117 plazas que se harán efectivas a partir del 1 de septiembre.

La mayor en quince años

Esta ampliación supone la actuación más relevante de los últimos 15 años y va a cubrir algunas de las necesidades más acuciantes. Cerca de la mitad de los puestos son para hacer estables plazas temporales y buena parte del resto servirá para dotar a los 30 centros de al menos un técnico informático y ampliar el número de técnicos de equipamiento audiovisual. "Las necesidades preexistentes superan en mucho a las plazas que hemos creado ahora, pero también tenemos unos límites y debemos tratar de cubrir las carencias por fases", explica el vicegerente de personal, Jesús María Lakarra.

De hecho, el equipo de Lakarra se halla en pleno proceso de negociación y de fijación de necesidades con los distintos centros, servicios, campus y vicerrectorados para una segunda etapa de la ampliación de plantilla de PAS. Aunque aún no se ha establecido cuándo se llevará a cabo, supondrá la creación de 350 plazas más, entre las que se dará una especial relevancia al personal técnico de apoyo a la docencia y a la investigación, una "necesidad acuciante" en palabras de Lakarra. También tendrán una especial incidencia las exigencias del proceso de convergencia hacia el Espacio Europeo de Educación Superior. "Va a exigir más personal, más cualificado y más especializado", advierte Lakarra.

Este aumento vendrá acompañado de la organización de una nueva OPE. La meta del equipo rectoral es que se ponga en marcha a lo largo del primer trimestre de 2006, una vez que se haya solventado la redacción deficiente de la disposición transitoria de la Ley del Sistema Universitario Vasco que recoge esta posibilidad. "Es el único instrumento que puede acabar con la situación de precariedad consolidada que vive la mayoría de la plantilla. Lo deseable es que del 65% de inestabilidad pasemos al 15-20%", indica el vicegerente de Personal. Estas medidas requerirán de una notable inyección económica por parte del Gobierno vasco, aunque la meta es poder incluirla dentro de los presupuestos de la Universidad.