Empleo estable

El contrato temporal se ha acabado convirtiendo en el instrumento habitual de acceso a la empresa, aun cuando la pretensión del empresario sea hacerlo indefinido, ya que esta conversión incorpora bonificaciones en las cotizaciones sociales. El Gobierno pretende ahora desincentivar esa contratación eventual y estimular directamente la indefinida, a través de las desiguales cotizaciones empresariales por desempleo que acompañen a una y otra.

Una tercera parte de los empleados en España -y un porcentaje mucho mayor entre las empleadas- tiene contratos temporales. Esa precariedad, la mayor de la OCDE, es incompatible con la cada vez más necesaria formación de los empleados. Por eso ha de ser bienvenido cualquier intento que se haga desde el Gobierno, preferiblemente en el seno del consenso articulado con sindicatos y patronales, por extender el número de contratos indefinidos y, con ello, eliminar o reducir las constantes irregularidades y malas prácticas vinculadas a la conversión de esos contratos eventuales en indefinidos.

Esa vinculación de los incentivos con la estabilidad es mejor idea que reducir de forma generalizada las cotizaciones. Saludable es también el propósito del Ministerio de Trabajo de simplificar la política de bonificaciones a los contratos, hoy excesivamente compleja y dispersa, así como limitar, o cuando menos dotarlas de la suficiente transparencia, las circunstancias que deben posibilitar los denominados contratos por obra. Es ésta una de las modalidades de contratación temporal que se ha prestado en mayor medida al abuso, excediendo los requisitos que la legislación establece para su utilización.

Con todo, la consecución de ese propósito de conseguir una mayor estabilidad en el empleo exigirá que esas decisiones vayan acompañadas de reformas adicionales del mercado de trabajo en la dirección de una mayor flexibilidad. En la cesación de la relación laboral, suavizando la cuantía de las indemnizaciones por despido, con el fin de facilitar la inserción laboral de determinados colectivos. Pero también en las formas de negociación colectiva, acercando éstas a la realidad de cada empresa, en mayor medida que a las muy genéricas de los sectores y zonas geográficas a las que pertenecen las empresas.

Si esos pasos reformistas se dan en el contexto de la concertación abierta con los agentes, sus efectos sobre la economía serán inequívocamente favorables, afianzando esa bien justificada percepción del buen clima laboral existente en el país desde hace años.