Paraísos fiscales y blanqueo de dinero

LA PRIMERA MEDIDA que quiso imponer Bush a raíz de los atentados del 11-S fue el control del dinero de los terroristas. No pudo ser, pues éste se localizaba en los paraísos fiscales y no había legislación que los controlase. Con su pragmatismo habitual, los americanos cambiaron algo la situación. La Patriot Act puso obligaciones a los bancos para que comunicasen cualquier actividad "sospechosa"; y la ley de reformas de los Servicios Secretos

aprobada a finales del pasado año, contenía una cláusula que permite al Gobierno, de forma discreta, la inspección de transacciones bancarias internacionales para detectar supuestas actividades terroristas.

El blanqueo del dinero negro no sólo es una operación financiera irregular, sino que estimula las actividades criminales y fomenta la delincuencia organizada. Las autoridades no han intentado aún sensibilizar a las opiniones públicas sobre su significación. Cuando en España se abre la Operación Ballena Blanca, que busca el origen de una gran red de dinero negro en la Costa del Sol, parece algo extraordinario, cuando esas operaciones forman parte de lo cotidiano. Según datos aportados por la Asociación por la Tributación de las Transacciones en Ayuda de los Ciudadanos (ATTAC), "los cálculos más prudentes, aunque difíciles de verificar en un ámbito regido por la ley del silencio, indican que la cifra de negocios a escala mundial del dinero procedente de actividades ilícitas de las diferentes organizaciones criminales, el Producto Criminal Bruto, no es inferior a los 800.000 millones de euros anuales, equivalentes al 15% del comercio mundial".

Según algunas fuentes, el 'Producto Criminal Bruto' puede ascender al 15% del comercio total. Datos difíciles de verificar en un ámbito regido por la ley del silencio. Europa y EE UU poseen muchos paraísos fiscales

ATTAC estima que la cantidad de dinero depositada en los paraísos fiscales asciende a cinco billones de dólares, y que en ellos hay registradas 2,4 millones de sociedades tapaderas. Loretta Napoleoni, que ha estudiado la teoría económica del terrorismo, habla de un sistema de 1,5 billones de dólares, del que forman parte, además de los tráficos de drogas, petróleo, armas, piedras preciosas y seres humanos.

Ante esta realidad creciente, el Gobierno español acaba de reformar el reglamento de una directiva comunitaria del año 2001, con el objetivo de profundizar la acción concertada de los diversos estamentos sociales (abogados, notarios, bancos, magistratura...) para cerrar cualquier cauce de blanqueo de capitales criminales. A resolver las contradicciones entre esta directiva y la acción cotidiana de la sociedad civil (el secreto profesional de los abogados, la confidencialidad propia del notariado...) se dedicó un multitudinario debate celebrado la pasada semana en el Colegio Notarial de Madrid. Allí se analizó la paradoja que supone controlar las sociedades que se constituyen en las notarías cuando al mismo tiempo se deja circular, impunemente, las 100.000 sociedades inverosímiles domiciliadas en Gibraltar, cuya pista final se pierde en alguna caja bancaria de los paraísos fiscales. O la existencia de sociedades pantalla en Europa (islas de Man o de Jersey, Andorra, Liechtenstein, Mónaco, San Marino, Malta y Chipre), y en el Estado de Delaware, en EE UU, que no cumplen los requisitos de seguridad e identificación, y no tienen controles ni restricciones operativas.

Hace unos días, los representantes de ATTAC en España presentaron al secretario de Estado de Economía, David Vegara, unas propuestas de control: la armonización de las legislaciones nacionales en materia de delincuencia financiera mediante la adopción de medidas preventivas (registro y seguimiento, control público europeo de las cámaras de compensación, prohibición a los bancos de aceptar fondos provenientes de los paraísos fiscales y de abrir filiales off-shore); creación de una fiscalidad europea en materia de justicia y fraude; levantamiento del secreto bancario bajo pena de sanción a Estados no cooperantes, o la transparencia obligatoria para las empresas de sus actividades, filiales y capital invertidos en países de riesgos. ¿No deberían figurar estas normas entre las del buen gobierno corporativo, que tanto se discute codificar?