Bruselas reclama a España 134 millones por el fraude en las subvenciones al lino

El Gobierno español tendrá que compensar a la Comisión Europea con 134,48 millones de euros por los pagos fraudulentos a la producción del lino y cáñamo en las cosechas recogidas entre 1997 y 2000. El grueso de la cantidad, 113,40 millones, corresponde a "graves deficiencias en el sistema de control y fraude generalizado" en 1999 y 2000, con un retorno obligado del 100% de las subvenciones, porcentaje de sanción con muy pocos precedentes. El Gobierno español no tendrá que desembolsar las cantidades porque Bruselas las deducirá directamente de futuros pagos agrícolas que deba realizar.

"El dinero de los contribuyentes europeos tiene que ser gastado adecuadamente", manifestó en un comunicado la comisaria de Agricultura, Mariann Fischer Boel. "La Comisión no está dispuesta a transigir en este asunto y seguirá tomando estrictas medidas para acabar con los abusos y la negligencia en los controles".

"Irrefutables muestras de negligencia" es lo que los inspectores de la Comisión encontraron en el modo en que se liquidaron las subvenciones a la producción del lino en España para las cosechas de 1998-99 y 1999-2000. En consecuencia, los 113,40 millones de aquellos dos años, liquidados entre "graves deficiencias en el sistema de control y fraude generalizado", han de ser reintegrados en su totalidad, una medida extraordinaria. Ayer, en la Comisión sólo se recordaba un caso de hace varios años, cuando se abonaron cantidades "de algunos millones de euros" por cría de vacuno para consumo en Córcega.

Imputaciones

La justicia española ya investigó el fraude generalizado de que habla la Comisión y el pasado verano el fiscal anticorrupción pidió un año de cárcel, una multa de 144.242 euros e inhabilitación espacial para el ex director general del Fondo Español de Garantía Agraria, Nicolás López de Coca, por su implicación en un presunto delito de tráfico de influencias, dirigido esencialmente a favorecer a familiares. El fiscal también solicitó penas de entre siete meses y tres años de reclusión para 18 agricultores o transformadores de lino que recibieron fraudulentamente las millonarias subvenciones europeas a un producto desconocido en España hasta 1992 y del que se llegaron a plantar más de 90.000 hectáreas en la campaña 1998-1999.

Las deficiencias en los controles sobre la producción subvencionada de lino también existieron en las dos campañas precedentes, pero Bruselas las considera no tan extendidas y sólo se obliga a compensar el 25% de las primas liberadas en 1997 y 1998. Tales carencias, unidas a otras descubiertas en la producción del cáñamo, con retornos obligados del 10% y del 25%, según años, añaden otros 21,08 millones a la sanción.

En total, estos 134,48 millones, más otros 430.000 euros relacionados con pagos al sector platanero y otras medidas de desarrollo forestal en los que también se han detectado insuficiencias, serán deducidos por la Comisión cuando en el futuro tenga que entregar las cantidades que a España le corresponden dentro de la Política Agraria Común (PAC). "Los agricultores no dejarán de recibir las cantidades que les correspondan, porque será el Gobierno español el que tenga que cubrir la diferencia", señaló ayer un portavoz de la Comisión.

La sanción a España supone casi la mitad de los 277,25 millones que Bruselas va a reclamar a 10 países de la Unión como consecuencia de una auditoria que la Comisión considera instrumento vital para controlar gastos, que pueden llegar hasta los 50.000 millones anuales en toda la UE, y reclamar los realizados sin suficientes garantías de legitimidad o fiabilidad en el control. El Ejecutivo comunitario realiza del orden de 200 auditorías anuales en cada uno de los Veinticinco, cuyos Gobiernos son los responsables de la gestión de los fondos recibidos de Bruselas, de realizar la práctica totalidad de los pagos y de recuperar los que no han realizado conforme a las normas comunitarias.

A España le siguen en esta ocasión como abusadores de los fondos de la PAC, Italia (con 68,71 millones, por superar los techos establecidos para la producción de aceite de oliva) y Grecia, a la que se reclaman 25,36 millones de euros por sospechar de determinadas subvenciones al tierra cultivables.