El cuarto pilar del Estado de bienestar

El Estado de bienestar en España está poco desarrollado. Según Eurostat, la agencia estadística de la Unión Europea, nuestro país tiene el gasto público por habitante en protección social (que incluye, entre otros capítulos, pensiones, sanidad, ayudas a las familias y vivienda) más bajo de la Unión Europea de los Quince (UE-15), el grupo de países más próximos a nosotros por su nivel de desarrollo económico. En realidad, España se gasta en su Estado de bienestar mucho menos de lo que le corresponde por su nivel de riqueza. Así, mientras el PIB per cápita de España es ya casi el 86% del promedio de los países de la UE-15, el gasto en protección social por habitante es sólo el 62,5% del promedio de la UE-15. Deberíamos gastarnos alrededor de 60.000 millones de euros más de lo que nos gastamos en protección social para alcanzar el nivel de gasto público social que nos corresponde por el nivel de desarrollo económico que tenemos. Este déficit se da en todos los componentes de nuestro Estado de bienestar, alcanzando mayores dimensiones en las ayudas públicas (en transferencias y servicios públicos) a las familias. España, donde el discurso retórico oficial pone a las familias en el centro de la sociedad, tiene unas políticas públicas (tanto a nivel central y autonómico como local) muy poco sensibles a ellas. Y cuando decimos familias deberíamos decir, en realidad, mujeres, pues son ellas las que dentro de las familias realizan mayor esfuerzo (42 horas como promedio semanal) en tareas familiares.

Hay que converger con el promedio del gasto público social de la UE

La igualdad de la mujer exige la existencia de esos servicios

La mayoría de países en la UE-15 proveen no sólo transferencias a sus familias, sino también servicios públicos, de los cuales escuelas de infancia y servicios a las personas con discapacidades (tales como servicios domiciliarios y teleasistencia) que requieran cuidados y atención por parte de otras personas son los más importantes. En España, sin embargo, el porcentaje de infantes de 0 a 2 años que asisten a escuelas públicas de infancia (4,4%) o el número de personas ancianas atendidas por servicios públicos de dependencia (3%) son los más bajos de la UE-15 (cuyos promedios son 24% y 14%, respectivamente). De ahí que en el año 2000, cuando asesoré al mayor partido de la oposición en las elecciones legislativas de aquel año, aconsejé incluir en su programa electoral el compromiso de universalizar los servicios de ayuda a las familias, llamando a tal derecho el cuarto pilar del Estado de bienestar. Indicaba con esta expresión el hecho de que el Estado de bienestar en España, que podía presentarse simbólicamente como una silla en la que el ciudadano pudiera respaldarse y descansar cuando su bienestar social y calidad de vida así lo exigiera, tenía sólo tres patas o derechos (el derecho a la sanidad, el derecho a la educación y con las pensiones no contributivas, el derecho a la pensión), faltándole, en cambio, una cuarta pata o pilar para que estuviera equilibrado y completo. De ahí que llamara a tal derecho el cuarto pilar del Estado de bienestar, término que me alegra haya hecho fortuna y que sea usado ampliamente en la narrativa política y mediática del país.

Me preocupa, sin embargo, que, en ocasiones, no se capta o describe bien el significado de este cuarto pilar del Estado de bienestar, que, como derecho, debería garantizar la accesibilidad a tales servicios por parte de las familias españolas. Hay que entender que derecho quiere decir su universalización a toda la ciudadanía con el consiguiente crecimiento del gasto público que implica (sin excluir, naturalmente, las aportaciones, como sistemas de copago y otros pagos privados que puedan establecerse como medidas complementarias). Y es ahí que las cantidades que se están proponiendo por varias fuerzas políticas para desarrollar tal derecho me parecen a todas luces insuficientes. Tomando los servicios de dependencia como ejemplo, vemos que el Gobierno español ha propuesto alcanzar la cifra (en dos legislaturas) de 8.500 millones de euros al año para el desarrollo de tales servicios, una cifra insuficiente para cubrir las enormes necesidades del país. Esta insuficiencia facilitaría que se cubrieran tales déficit por la vía del aseguramiento privado, lo cual contaría con el apoyo de algunas opciones políticas que favorecerían las clásicas desgravaciones fiscales que suponen en realidad un subsidio público al sector privado. Se reproducirá así lo que está ocurriendo ya en la sanidad española, donde las desgravaciones fiscales al aseguramiento privado (que hizo el Gobierno conservador español con el apoyo del partido conservador gobernante en Cataluña) están reforzando una polarización social en la que la sanidad privada atiende al 30%-35% de la población con mayor capacidad pudiente y aseguradora, mientras que el sector de servicios públicos atiende a las clases populares y a los pacientes crónicos y ancianos con mayores necesidades. Sería un gran error expandir este sistema a los servicios de dependencia, error que significaría también una contradicción con el compromiso que las fuerzas progresistas deberían tener para crear sistemas públicos multiclasistas de elevada calidad y eficiencia.

Esta última alternativa requeriría un aumento mucho mayor del gasto público asignado a tales servicios que el que se propone, lo cual significaría también un aumento de los impuestos. Y ahí es donde radica el punto clave del debate, y que se está soslayando en el país. No hay duda de que las familias españolas van a tener que pagar por estos servicios de dependencia, puesto que las mujeres jóvenes no harán lo que sus madres y abuelas hicieron. La muy necesaria igualdad de oportunidades para las mujeres exige la existencia de estos servicios de ayuda a las familias (incluyendo los servicios de dependencia) que permitan la realización de tal igualdad de oportunidades (además, naturalmente, de cambiar los valores culturales corresponsabilizando al hombre de tales tareas familiares). Esta situación explica que el debate político no debería centrarse sobre si las familias deben pagar más o no, sino cuánto más y con qué forma de pago, es decir, si pagarán por estos servicios como pago directo o pólizas de aseguramiento privado o pagarán como impuestos. Y ahí la experiencia internacional muestra la vía a seguir. En un estudio que el grupo de estudios sociales de la The Johns Hopkins University hicimos en los años noventa comparando el gasto de las familias en los servicios de ayuda a las familias en EE UU con el gasto de las familias en tales servicios en Suecia, se vio que el gasto era mayor, los servicios eran más limitados, la satisfacción de los usuarios menor, y la calidad de los servicios, peor en el primer país que en el segundo. La diferencia mayor entre los dos países era que en el primer caso se pagaba a compañías aseguradoras privadas y en el segundo caso se hacía a través de impuestos. Existe el riesgo en España de que, debido a la resistencia a aumentar los impuestos, se esté escogiendo más la primera vía que la segunda. Sería un error. Se me dirá que hay vías alternativas como la alemana, que se basa en un aseguramiento mixto, pero los datos de aquel país muestran claramente cómo las aseguradoras privadas seleccionan los casos menos necesitados dejando para el sector público todos los casos de mayor necesidad, reproduciéndose así la polarización social que existe ya en la sanidad de nuestro país.

La otra alternativa sería revertir las políticas liberales que han caracterizado las políticas fiscales de los gobiernos conservadores y que han estado dificultando la convergencia del gasto público social de España con la UE-15. Desde este punto de vista hay una clara contradicción entre el discurso proeuropeísta de la mayoría de las fuerzas políticas parlamentarias (que constatamos en las últimas elecciones europeas), y las propuestas que se están haciendo a favor de las reducciones de los impuestos. Converger con la UE-15 quiere decir converger con el promedio del gasto público social por habitante de la UE-15. Ésta es, por cierto, la propuesta que estimulé se incorporara en el programa del PSOE del 2004 (y que consta en su programa de gobierno), pero que no podrá respetarse a no ser que se converja con el nivel de los impuestos de la UE-15 pasando (después de varias legislaturas) de representar sólo el 36% del PIB al 42%, el promedio europeo. Para conseguir lo primero hay que realizar lo segundo. Creer lo contrario es creer que se puede cuadrar el círculo.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas. Universitat Pompeu Fabra.