Pestazo a león

Las cartas cruzadas anteayer entre el presidente del Gobierno y el líder del principal grupo parlamentario de la oposición asocian la convocatoria del comité de seguimiento del Pacto Antiterrorista -firmado en diciembre del año 2000 por el PP y el PSOE a iniciativa de los socialistas- con la eventual ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV-EHAK), que obtuvo nueve escaños en las elecciones al Parlamento de Vitoria del 17-A gracias al patrocinio de Batasuna, el brazo político de ETA ilegalizado por el Supremo hace dos años. Tras solicitar hasta seis veces la reunión del órgano de coordinación del Pacto Antiterrorista, Rajoy condiciona ahora caprichosamente cualquier posible encuentro a la previa interposición por el Gobierno de una demanda de ilegalización contra EHAK en tanto que sucursal de Batasuna; el presidente Zapatero considera, sin embargo, que no se dan -al menos todavía- los requisitos exigidos por la Ley de Partidos de 2002 y por la jurisprudencia del Constitucional para dar ese paso. El descortés ultimátum de Rajoy no sólo incumple las reglas de negociación entre actores racionales (ningún jugador exige ser declarado vencedor de la partida antes de sentarse a la mesa), sino que además atenta contra el Pacto Antiterrorista, que compromete a populares y socialistas a "eliminar del ámbito de la legítima confrontación política o electoral" la lucha contra el terrorismo y a solventar sus diferencias en el marco de la comisión de seguimiento.

Hay motivos para suponer que el destemplado gesto de Rajoy no está motivado sólo por la convicción de que EHAK es una tapadera de Batasuna y debe -por lo tanto- ser ilegalizado. La formidable escandalera organizada por el PP a cuenta de la no interposición de la demanda pretende seguramente ocultar su notable retroceso -un tercio de los votantes- en las elecciones vascas y eludir las responsabilidades pasadas del presidente Aznar y de su ministro Acebes, que abrieron en septiembre de 2002 de par en par las puertas del Registro de Partidos Políticos a EHAK y no pidieron en marzo de 2003 la extensión -en trámite de ejecución de sentencia- a esas siglas de los efectos de la ilegalización de Batasuna dictada entonces por el Supremo. El principal objetivo de la campaña del PP contra el Ejecutivo socialista es hacer creer a la opinión que sus remilgos a la hora de pedir la disolución de EHAK se deben a un oscuro contubernio de los socialistas con Batasuna e incluso con ETA. Tal vez la expectativa de que el Gobierno de Zapatero pudiera ganar espacio electoral si lograse la pacificación del País Vasco lleve a los populares a poner deslealmente todos los palos imaginables en las ruedas de su estrategia antiterrorista.

Sin duda, hay argumentos para sospechar que EHAK gira en la órbita de Batasuna: el aire de familia con el nacionalismo radical de sus mensajes y consignas recuerda la historieta chistosa del pestazo a león que alerta a un cazador novato antes de atisbar su melena. Sería temerario descartar la hipótesis de que Batasuna controla esa plataforma política; la analogía establecida por José María Ruiz Soroa ("El principal y el agente", EL PAÍS, 25-4-2005) entre la relación de dependencia política de EHAK con el brazo político de ETA y los nexos mercantiles de las sociedades fantasmas de los paraísos fiscales con las mafias resulta a esos efectos muy sugerente.

EHAK no es una agrupación de electores -como Aukera Guztiak-, sino un partido en toda regla: el procedimiento para levantar el velo del fraude de ley y del abuso de personalidad jurídica es diferente en ambos casos. La Ley de Partidos permite disolver a una formación política cuando sus actividades vulneran los principios democráticos y apoyan, legitiman o exculpan al terrorismo. Pero esas conductas deberán ser realizadas "de forma reiterada y grave"; la Ley de Partidos fue promulgada el 27 de junio de 2002, pero la demanda contra Batasuna no fue presentada por el Gobierno de Aznar hasta dos meses después porque necesitaba tiempo para reunir los indicios de esos comportamientos acumulativos y repetitivos. Cuando los cargos y las pruebas tengan solidez, el Gobierno de Zapatero también debería lógicamente presentar una demanda de ilegalización de EHAK; de añadidura, el artículo 11 de la Ley de Partidos faculta al Congreso o al Senado para exigírselo.