Eficacia del pacto

Se podrá disentir sobre el alcance, los contenidos o el carácter restringido del Pacto Antiterrorista, pero no sobre su eficacia; por eso, ni los socialistas ni los populares quieren aparecer como responsables de su ruptura. El pacto ha sido eficaz para debilitar a ETA y a su entorno. Fue suscrito el 8 de diciembre de 2000, tras un año en el que la banda había asesinado a 21 personas, entre las que figuraban cuatro concejales del PP y otros tantos miembros destacados del PSOE, incluyendo un ex ministro y un ex vicepresidente del Parlamento vasco. Uno de sus efectos fue legitimar la acción policial a ambos lados de la frontera, y otro, la ilegalización de Batasuna, el brazo político de ETA, lo que contribuyó, con otras medidas, a casi extinguir la coacción organizada de la violencia callejera. Y sirvió asimismo para crear contradicciones entre el brazo político y el militar, lo cual ha influido con toda probabilidad en la reducción de la actividad terrorista (casi dos años sin muertos).

Lo esencial del acuerdo era el compromiso de eliminar del debate entre partidos las políticas contra el terrorismo y el rechazo a pagar un precio político por el fin de la violencia. El PP parece haber renunciado a lo primero, alegando que el PSOE está dispuesto a incumplir lo segundo. Esa desconfianza la fundamenta en que el Gobierno no ha activado el procedimiento para promover ante los tribunales la ilegalización de EHAK, la lista para la que Batasuna pidió el voto en las elecciones vascas del 17 de abril. Desde el Gobierno se ha explicado, en público y en privado -a Acebes-, oralmente y por escrito (la última, remitida ayer), que no tomó esta iniciativa porque las pruebas disponibles en el momento en que ese partido irrumpió en escena no habrían superado el baremo impuesto por el Constitucional. De haber instado la suspensión cautelar, una eventual desautorización posterior del Constitucional hubiera conducido a una repetición de las elecciones.

El criterio del Gobierno pudo haber sido diferente, pero el seguido parece el más prudente; sembrar la desconfianza alegando que esa decisión sólo se explica por interés electoralista (que en todo caso compartiría con el PP) o por la existencia de un acuerdo bajo cuerda con el brazo político de ETA es una infamia. Zapatero recordó ayer a Rajoy que cuando gobernaba el PP, los socialistas respaldaron las decisiones del Ejecutivo en materia antiterrorista por un criterio de lealtad y responsabilidad: el mismo criterio que recoge el pacto al plantear, por ejemplo, que si fuera necesario aprobar nuevas leyes para hacer frente al terrorismo, se impulsarían "desde un marco de mutuo acuerdo". Fue el caso de la Ley de Partidos que sirvió para ilegalizar a Batasuna, a cuya redacción final contribuyó el PSOE con enmiendas y sugerencias que a la larga resultaron decisivas para que no prosperase el recurso presentado por el PNV ante el Constitucional.

El criterio del PP no es infalible. Fue partidario de recurrir el plan Ibarretxe ante el Constitucional, lo que habría evitado su debate por las Cortes; hoy casi nadie discute que fue un acierto llevarlo a este terreno y dar al lehendakari -y a los votantes del PNV- una señal inequívoca de la inviabilidad del proyecto. La ilegalización del PCTV sería una posibilidad todavía abierta si aparecieran pruebas solventes. Casi nadie duda de que si se produjeran atentados y el PCTV se negase a condenarlos, ese factor iluminaría y cargaría de verosimilitud otros indicios que han ido surgiendo en las últimas semanas. No parece tan difícil que PP y PSOE se pongan de acuerdo en qué hacer en esa hipótesis, aunque persistan las divergencias sobre lo que habría sido conveniente hacer en vísperas de las elecciones. Es contrario al espíritu del pacto condicionar su continuidad a que el Gobierno asuma el punto de vista de la oposición sobre ese asunto. Y el peor instrumento posible es el recurso al ultimátum entre los dos partidos firmantes.