Los constructores no podrán forzar a los dueños de viviendas a subrogarse en sus créditos hipotecarios

Los compradores de una vivienda no estarán obligados a asumir (subrogarse) los préstamos hipotecarios de las promotoras o constructoras, según la nueva ley de la Vivienda que hoy entra en vigor. Además serán los promotores quienes costearán la cancelación de la hipoteca en el caso de que el cliente no desee subrogarse en ella. La Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana (UCE) agregó que la norma cubre los vacíos legales que existían con anterioridad y que eran "fuente de conflicto" entre consumidores y constructores.

Otras de las novedades que ayer destacó la UCE es que los propietarios y usuarios están obligados a mantener en buen estado de conservación y uso la vivienda y los elementos comunes, así como permitir la entrada a su vivienda para operaciones de reparación o mantenimiento de los edificios. Los últimos datos oficiales apuntan a que unos 260.000 edificios antiguos (más de 50 años) deberán de pasar un control de calidad en la Comunidad Valenciana cada cinco años. La Generalitat no ha detallado cómo llevará adelante este plan de revisión.

Las comunidades de propietarios, continua la Unión de Consumidores, tendrán también obligación de suscribir un seguro de incendios y otro por daños a terceros. La ley introduce una serie de garantías en el mercado inmobiliario, como las condiciones de publicidad e información de los contratos de compraventa y arrendamiento, así como los requisitos necesarios para llevar a cabo su escrituración y registro. Entre otras cuestiones, regulará la venta de viviendas en proyecto o construcción, los pagos anticipados, las fianzas de los arrendamientos, así como su registro y depósito bajo control de la Generalitat.

Además, se sanciona la reiterada compraventa de pisos protegidos y regula la expropiación forzosa o el desahucio en caso de que se incumpla la función social al que van dirigidas las viviendas protegidas.

La nueva ley, elaborada por la Consejería de Territorio, establece que las parejas de hecho tendrán el mismo derecho preferente que los cónyuges, ascendientes o descendientes en la segunda y sucesivas transmisiones intervivos de una vivienda de protección pública. La norma obliga a que las nuevas viviendas permitan el acceso de personas con movilidad limitada.

La ley de la Vivienda fue aprobada hace seis meses en las Cortes Valencianas con los únicos votos del PP. La oposición rechazó el texto y lo calificó de "innecesario, demasiado reglamentista y poco práctico". Además, criticaron que no incentivara el alquiler e inclusolo convirtiera en una vía de financiación encubierta para la Generalitat.